Pollicita pone a prueba los bitcoins y la casa con los que Adorni justifica su patrimonio

La causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entra en una etapa más dura. El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara para el lunes una batería de medidas destinadas a contrastar, con pericias técnicas, la justificación patrimonial que presentó el exjefe de Gabinete. El eje ya no es solo el relato: es la trazabilidad de casi seiscientos mil dólares en criptomonedas y el verdadero costo de las obras en su casa de fin de semana.

El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, abarca el paso de Adorni por la función pública entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Tras responder un cuestionario de veinte puntos, el exfuncionario atribuyó buena parte de sus dólares en efectivo a la compra y venta de Bitcoin entre 2014 y 2018. Según su defensa, ocho billeteras de autocustodia generaron US$591.544,61, liquidados en efectivo con particulares, sin pasar por bancos ni exchanges regulados.

El fiscal federal pedirá pericias sobre ocho billeteras cripto y las obras de Indio Cuá con las que Manuel Adorni explicó casi US$600.000 ante la Justicia.

La prueba que viene sobre las billeteras

Pollicita pedirá autorizar pericias sobre esos movimientos. El objetivo es verificar si las fechas, montos y direcciones digitales coinciden con el descargo y, sobre todo, si Adorni controlaba esas billeteras cuando se hicieron las operaciones, no solo si puede acceder a ellas hoy. La defensa entregó las claves privadas en un sobre lacrado —todavía sin abrir— y acompañó un acta notarial de septiembre de 2026 que acredita el control actual. Para la fiscalía, ese documento no alcanza: prueba el presente, no el dominio entre 2014 y 2018.

En el Ministerio Público Fiscal ya trabaja la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). La primera medida prevista es designar un perito que reconstruya las operaciones en la blockchain. Una de las ocho direcciones concentra casi la mitad del total, cerca de US$296.785. El escrito de la defensa sostiene que la sola tenencia de la clave privada acredita la titularidad; la investigación, en cambio, apunta a un estándar más exigente: quién tenía el dominio en el momento de las transacciones.

Indio Cuá, el otro frente

El segundo foco son las refacciones en la propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido unos US$245.000 de la familia Adorni. La defensa rechazó esa cifra y presentó un informe de un perito arquitecto que valuó las obras en US$174.954,58, más un estudio contable que identifica pagos por alrededor de US$175.000. Pollicita considera insuficiente la pericia de parte y pedirá documentación respaldatoria para establecer cuál de los dos montos se acerca a la realidad.

También pesan en el expediente el lote de Indio Cuá —US$120.000 más US$5.000 de ingreso al barrio— y la compra de un inmueble en la calle Miró, en Caballito. La fiscalía había señalado una diferencia cercana a $43 millones entre ingresos comprobados y gastos del grupo familiar, además de erogaciones en dólares vinculadas a inmuebles, viajes y consumos. Adorni sostiene que esa brecha es residual si se aceptan como propios los fondos cripto.

Qué está en juego

Por ahora Pollicita no pidió la indagatoria. Su estrategia es agotar las medidas de prueba y recién después decidir si las explicaciones despejan las dudas o si corresponde citar al exfuncionario. Todas las solicitudes deberán ser autorizadas por Lijo. En el entorno judicial, el escepticismo sobre el relato de las operaciones cara a cara —en lugares públicos, con desconocidos y sin rastro bancario— convive con la exigencia de prueba concreta: no basta con dudar; hay que demostrar.

El exvocero y luego jefe de Gabinete declara haber comenzado a invertir en Bitcoin en 2014 con poco menos de US$2.000 y concentrado el grueso de las compras en 2017, por cerca de US$200.000, con ahorros familiares y parte de una herencia. Afirma haber vivido “como si no tuviera” ese capital hasta llegar al Gobierno. La Justicia, esta semana, pondrá esa historia bajo la lupa técnica: blockchain, claves, facturas y planillas. Del resultado depende el próximo paso del expediente.