Adorni justificó su patrimonio ante Pollicita: bitcoin por USD 591 mil e Indio Cuá en disputa

Manuel Adorni presentó ante la Justicia federal un descargo de casi ochenta páginas para responder el requerimiento de justificación patrimonial que le formuló el fiscal Gerardo Pollicita. El escrito, firmado por su abogado Matías Ledesma, sostiene que la evolución de bienes entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene "sustento razonable y verificable" y que no existe enriquecimiento apreciable sin explicación.

La causa investiga al exjefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. Pollicita había marcado veinte inconsistencias que sumaban, según la pesquisa, unos 43 millones de pesos y cerca de 400 mil dólares sin justificación suficiente frente a los ingresos lícitos reconstruidos.

El exjefe de Gabinete respondió el requerimiento de Pollicita con un escrito de casi 80 páginas: atribuyó USD 591.544 a bitcoin liquidado entre 2014 y 2018 y negó haber pagado USD 245 mil por Indio Cuá.

El núcleo del descargo apunta a criptomonedas. La defensa afirma que ocho billeteras de bitcoin, con actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, generaron USD 591.544,61 al liquidarse. Sostiene que esas operaciones son anteriores al ingreso a la función pública y que las claves privadas fueron acreditadas mediante acta notarial, con direcciones ya vacías a la fecha.

Según el planteo, una parte de esos dólares se reinvirtió y otra se guardó en efectivo en el domicilio del matrimonio, fuera del circuito bancario. El escrito describe esa práctica como una modalidad extendida frente a la inestabilidad cambiaria y a sucesivos cepos, y agrega que Adorni y Angeletti "optaron deliberadamente por vivir como si no lo tuvieran", priorizando ahorro y educación de los hijos.

Sobre la vivienda en el country Indio Cuá, la defensa niega haber abonado los USD 245 mil que el contratista Matías Tabar declaró como testigo. Afirma que el desembolso por refacciones fue de USD 175 mil, salidos de cuenta bancaria y de ahorros previos. La compra del lote, valuada en USD 120 mil, se habría financiado con un mutuo hipotecario de USD 100 mil más USD 20 mil en efectivo.

El escrito también alude a mudanzas motivadas por seguridad: del departamento de Asamblea a Miró 550, y luego a la casa de fin de semana en Indio Cuá tras un altercado en la vía pública. Reconoce que parte de esos activos y tenencias en dólares no figuraron a tiempo en las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, y sostiene que fueron incorporados en rectificaciones posteriores.

Frente al cotejo de flujos en pesos, la defensa relativiza la brecha residual de unos 43 millones: la estima en torno al 16% de los egresos reconstruidos y al 19% de los ingresos lícitos computados, y promete achicarla con un informe contable de partidas aún no conciliadas.

El juez Ariel Lijo tiene ahora el expediente con el descargo y los anexos documentales. Si la explicación no satisface a la fiscalía, el siguiente paso posible es pedir la declaración indagatoria del exfuncionario. El plazo de respuesta corría hasta este martes; la presentación llegó al filo de ese vencimiento.

El caso se abre así a una etapa decisiva: contrastar la narrativa de un patrimonio digital preexistente, liquidado en efectivo años antes de asumir, con la reconstrucción forense de Pollicita sobre ingresos, obras y movimientos. De ese cotejo dependerá si la causa se cierra en justificación o avanza hacia una imputación formal.