AMIA: el Gobierno estudia demandar a Irán ante la Corte de La Haya

A más de tres décadas del atentado terrorista que destrozó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Once, el Gobierno puso en marcha una ofensiva jurídica con proyección internacional. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que analizan presentar una demanda contra la República Islámica de Irán ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas con sede en La Haya.

La decisión todavía no está formalizada, pero ya tiene un marco político claro. Mahiques se reunió con autoridades de la mutual judía y después publicó el alcance del encuentro: "Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994". Agregó que la cartera mantiene "un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes".

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó una reunión con la AMIA para avanzar en una demanda internacional contra Irán por el atentado de 1994. La Casa Rosada analiza presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, días después de que el juez Rafecas procesara a ocho iraníes y libaneses.

Según fuentes oficiales, varios ministerios trabajan en una presentación que podría realizarse en los próximos días. La estrategia apunta no solo a los acusados individuales que vienen siendo señalados por la Justicia argentina, sino al propio Estado iraní, al que se atribuye responsabilidad por el ataque con coche bomba que dejó 85 muertos y al menos 151 heridos, además de graves daños materiales.

La Corte Internacional de Justicia no juzga personas: resuelve disputas entre Estados y emite opiniones consultivas a pedido de órganos de la ONU. Por eso el expediente que estudia la Casa Rosada se distingue del proceso penal local. Mientras en los tribunales argentinos avanza la causa contra exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah, la vía de La Haya buscaría una condena de Estado a Estado, un camino que nunca se había intentado de forma plena en esta causa.

El anuncio llega días después de un paso fuerte en el frente interno. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado y habilitó el juicio en ausencia bajo la Ley 27.784. Entre los procesados figuran Alí Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, señalados como decisores del plan desde las estructuras del régimen; Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari, como cómplices necesarios desde la red diplomática y local; y Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda, acusado de coordinar la etapa final del ataque. A cada uno se le impuso un embargo de 500 millones de dólares.

Rafecas calificó el hecho como crimen de lesa humanidad y apeló a la figura de genocidio en términos de derecho internacional. El fiscal de la unidad especial había subrayado antes que se trató de un método tipificado como atentado terrorista, con un patrón de violencia organizada contra la comunidad judía argentina.

En el plano internacional, sin embargo, el camino no es lineal. Fuentes al tanto de la iniciativa oficial admiten que también se evalúa si conviene apuntar a la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia, dos foros distintos con umbrales de competencia diferentes. En el caso de La Haya, el Estado demandado debe haber aceptado de algún modo la jurisdicción del tribunal, sea por tratado, declaración o acuerdo especial. Ese escollo técnico es parte del trabajo que ahora concentran los equipos jurídicos del Ejecutivo.

Hasta ahora, el único tribunal internacional que dictó sentencia sobre el atentado fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un expediente en el que el Estado demandado fue la Argentina, no Irán. La negativa histórica de Teherán a permitir que la Justicia argentina indague a los acusados y la fuga de los principales sospechosos alimentaron durante años el reclamo de las víctimas por una vía que trascienda las fronteras.

La Casa Rosada, entonces, abre otro frente: consolidar el juicio en ausencia en el país y, en paralelo, probar si el derecho internacional permite llevar al régimen iraní ante La Haya. La reunión de Mahiques con la AMIA marca el primer paso público de esa apuesta. Lo que falta es el texto de la demanda y la definición del foro. En Once, 32 años después, esa definición no es un detalle técnico: es la diferencia entre seguir acusando a prófugos y reclamarle responsabilidad a un Estado.