ANDIS: auditoría detecta $158 mil millones de deuda no registrada

La cifra no cabe en un subtítulo. Una auditoría ordenada tras la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectó un desfasaje de 158.717 millones de pesos entre los listados de deuda exigible que manejaban dos direcciones del organismo. El monto corresponde, según el relevamiento, a obligaciones que no pasaron por los controles contables previstos y que hoy alimentan la causa federal que investiga un supuesto esquema de sobreprecios y coimas.

El corte temporal llega hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al entonces director Diego Spagnuolo y a otros funcionarios. Los auditores cruzaron los números de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, el área que concentraba las compras de medicamentos e insumos del programa Incluir Salud. Fue esa segunda dirección la que informó una deuda mayor. La diferencia entre ambos listados quedó registrada con precisión de centavos: 158.717.131.557,63 pesos.

Una auditoría oficial halló un desfasaje de $158.717 millones por deuda no registrada entre Contabilidad y Acceso a Salud en la ex ANDIS. El informe alimenta la causa federal por sobreprecios y cuestiona el uso de legítimo abono.

Esa misma dirección está bajo la lupa del fiscal Franco Picardi. En la causa, el Ministerio Público sostiene que los procesos de compra exhibieron sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia del gasto. Un ejemplo que ya circuló en el expediente es el medicamento Macitentan: en compulsas abiertas costó alrededor de 411 mil pesos; en compulsas reducidas del mismo mes llegó a adjudicarse cerca de 8,3 millones.

Desde el área auditada advirtieron que importes y clasificaciones podían haber variado por errores involuntarios de carga de los prestadores. Fuentes familiarizadas con el circuito interno explicaron, en cambio, un patrón más estructural: la dirección de acceso a salud se comprometía a pagar sin presupuesto suficiente, y esa deuda recién se reconocía cuando completaba un trámite administrativo que a menudo no se cerraba. La compra de medicamentos de alto costo, dijeron, suele generar exactamente ese desfase entre autorización y papelería.

El informe también cuestionó el método de pago. Hasta la fecha de corte, el organismo seguía usando la figura de legítimo abono para cancelar bienes o servicios ya entregados, en tensión con la regla general del decreto de contrataciones que privilegia licitaciones y concursos públicos. De los servicios relevados bajo esa figura, apenas se habían iniciado seis procedimientos formales de compra. No es un detalle técnico: sin concurrencia abierta, el Estado pierde la posibilidad de contrastar precio, calidad e idoneidad del proveedor.

En paralelo, el Ministerio de Salud incorporó a la causa un informe sobre 505 expedientes de insumos ortopédicos y médicos por más de 18.368 millones de pesos. Allí aparecen desvíos de hasta 4.239% frente a referencias de mercado y a compras de otros organismos públicos. Del total auditado, unos 4.770 millones siguen pendientes de liquidación: la propia cartera sanitaria marcó esa bolsa como oportunidad de control preventivo antes de pagar. Farma Salud, Ortopedia Bernat y un grupo de firmas con vínculos societarios y sede compartida concentran buena parte del volumen.

Entre 2024 y agosto de 2025, el pago a prestadores por medicamentos e insumos sumó 479.504 millones. El mayor receptor fue Suizo Argentina, con 108.258 millones concentrados en compras PACBI. La empresa negó cualquier vínculo con los hechos investigados y subrayó que opera bajo estándares legales. La investigación judicial, por ahora, se orientó hacia otras droguerías, proveedoras de ortopedia y presuntos intermediarios que habrían canalizado coimas de hasta el 20%.

Spagnuolo, según su entorno, no seleccionaba proveedores ni adjudicaba órdenes de compra. Garbellini, ex titular de la dirección de acceso a salud, negó por escrito desvío de fondos y un esquema de sobreprecios. El Ministerio de Salud afirma haber puesto a disposición de la Justicia toda la información requerida. Mientras avanzan las pericias sobre los audios que detonaron el caso, la auditoría deja un dato difícil de relativizar: 158 mil millones de pesos de deuda que, en los papeles internos, no estaban alineados.