Armada: avanza la destitución de una decena de militares por la trama de sueldos

La Armada Argentina puso en marcha el proceso disciplinario más duro disponible dentro de la fuerza: la instrucción que puede terminar en la destitución de una decena de militares alcanzados por la trama de acreditaciones irregulares de sueldos. La decisión la ejecutó el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, con una orden expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

Según precisaron fuentes oficiales de la conducción naval, el universo militar separado de funciones asciende ahora a diez efectivos. En una primera comunicación se había hablado de nueve —ocho capitanes de corbeta y un suboficial—, pero la nómina se cerró en diez. Todos quedaron sin destino operativo y sometidos a un procedimiento por falta "gravísima", la categoría que habilita la expulsión definitiva del grado y de la fuerza.

El ministro de Defensa ordenó al jefe de la Armada avanzar con Consejos de Disciplina contra militares involucrados en 645 acreditaciones indebidas por casi $981 millones. Ya fueron apartados diez efectivos; la Justicia Federal investiga en paralelo.

El caso no se limita al fuero castrense. El 15 de septiembre la propia Armada presentó una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. La presentación, firmada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, documentó 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por un monto histórico de $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026.

Presti fijó el tono político del expediente. "Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes", afirmó. Y detalló la instrucción a Romay: avanzar con Consejos de Disciplina para que los involucrados "pasen ya a ser destituidos". En el mismo tramo pidió que la Justicia Federal los encuentre culpables, que restituyan el dinero y que vayan presos. Esa orientación, sin embargo, no reemplaza el procedimiento: dentro de la Armada remarcan que cada caso debe analizarse individualmente y que los imputados disciplinarios tienen derecho de defensa.

La investigación interna arrancó en febrero de 2026, cuando una revisión de la liquidación de enero detectó cinco acreditaciones incorrectas en el Departamento Revista. El dinero se devolvió y se reforzaron controles. En marzo, Tesorería pasó a tramitar las acreditaciones ante el Banco Nación y Contabilidad empezó a conciliar de manera independiente la cuenta de haberes. El punto de inflexión llegó en agosto, cuando aparecieron pagos sin respaldo —entre ellos, acreditaciones a María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff—.

Atanasoff fue relevado preventivamente. Se preservaron equipos informáticos y se abrió una reconstrucción hacia atrás. Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre la Armada cruzó liquidaciones, recibos publicados, archivos enviados al Banco Nación y confirmaciones bancarias. El mecanismo descrito es simple y difícil de ver a simple vista: después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo del lote de pago —más de 24.000 acreditaciones mensuales—, se alteraban registros. En algunos casos se inflaba el monto de un beneficiario; en otros se insertaba un pago sin liquidación previa. Después, los valores podían restituirse al estado original para que el recibo no reflejara la transferencia realmente cobrada.

De los 23 beneficiarios identificados, diez son militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Cuatro receptores externos concentraron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, el 44,25% del total histórico. Prieto figura como la mayor beneficiaria individual, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86. En las actuaciones administrativas, Atanasoff habría reconocido que conocía esos pagos, que los hacía de forma manual y que definía destinatarios e importes.

Hasta la presentación judicial se habían restituido $42.574.267,63. Quedaban pendientes $938.574.300,25. La Armada aclaró que las devoluciones no modifican el volumen histórico denunciado: solo miden cuánto se recuperó. Varios capitanes de corbeta transfirieron sumas percibidas en exceso a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero, pero tanto el fuero disciplinario como la causa federal deberán determinar el grado de conocimiento y participación de cada perceptor.

El expediente quedó así partido en dos carriles. Por un lado, la instrucción militar busca preservar el prestigio de una institución de alrededor de 24.000 personas y puede culminar en destituciones. Por el otro, la Justicia Federal deberá establecer si hubo delitos, quiénes intervinieron y qué responsabilidades penales corresponden. La respuesta institucional —detección interna, refuerzo de controles, denuncia y apartamiento preventivo— ya está en marcha. El resultado formal, no.