Armada: casi mil millones en sobresueldos y la Justicia pide pericia informática

La Armada Argentina presentó una denuncia penal tras detectar, en una auditoría interna, 645 acreditaciones bancarias indebidas a favor de 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026. El monto total asciende a $981.148.567,88. El caso atraviesa dos administraciones nacionales y ya está en Comodoro Py: el fiscal federal Ramiro González impulsó formalmente la investigación y el juez Sebastián Ramos deberá resolver medidas de prueba.

La alerta empezó en febrero de 2026, cuando la fuerza halló suplementos que no correspondían en la liquidación de enero. Parte del dinero fue reintegrado, pero el hallazgo obligó a revisar períodos anteriores. La denuncia la firmó el capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera. El principal apuntado es Ariel Atanasoff, también capitán de navío y jefe del Departamento Revista, área encargada de liquidar sueldos. Fue relevado de manera preventiva junto con otras personas involucradas.

La Armada denunció 645 acreditaciones indebidas por $981 millones a 23 personas entre 2022 y 2026. El fiscal Ramiro González impulsó la causa con pericia informática, legajos y un testigo clave, mientras el juez Sebastián Ramos define medidas.

Según la reconstrucción judicial, la maniobra no sería un error masivo del sistema. Una vez liquidados los haberes, alguien habría modificado a mano los registros y los archivos que se envían al Banco Nación para acreditar los pagos. En esas modificaciones se incluirían importes adicionales. Atanasoff, según versiones internas, habría dicho que ajustaba el sistema "para ayudar" al personal. El problema es que el 44% de los casi mil millones fue a cuatro personas que no trabajan en la Armada. Una de ellas es su esposa, María del Carmen Prieto, quien habría cobrado más de $152 millones. Otras tres personas recibieron entre 90 y casi 100 millones cada una.

Hay más nombres en el expediente. El capitán de corbeta Roberto Castro habría cobrado por un destino en el exterior y, a la vez, como si estuviera en el país, un doble cobro que el sistema suele bloquear. Su esposa, civil de la fuerza, habría cobrado estando con licencia sin goce de sueldo. Castro fue jefe de Revista entre 2022 y 2023. De los casi mil millones, algunas personas ya devolvieron unos $42 millones. Desde el descubrimiento, la Armada cambió el área a cargo de las acreditaciones.

González presentó el requerimiento de instrucción con 24 personas a investigar: personal en actividad (mayoría capitanes de corbeta y un suboficial primero), retirados y civiles. Pidió un peritaje informático para reconstruir quién tocó los archivos entre la liquidación interna y el envío al banco. También solicitó legajos de los imputados, la nómina completa del Departamento Revista en el período investigado, el organigrama y la normativa del circuito de haberes. Como testigo propuso a Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de Contabilidad Presupuestaria, integrante de la comisión que detectó las inconsistencias.

Castro Maggio ratificó la denuncia en tribunales y aportó informes financieros, planillas de transferencias, comunicaciones con el Banco Nación y actuaciones internas. Atanasoff se presentó con abogado para acceder a la causa. Fuentes judiciales señalan que el fiscal también pide informes a la Armada y al Banco Nación; ahora Ramos decide si ordena esas diligencias.

El objeto procesal quedó definido: determinar cómo se modificaron los registros entre 2022 y 2026, quiénes intervinieron y con qué alcance. La fuerza pasó de una sospecha de errores a una hipótesis de intervención deliberada. El monto, la cantidad de acreditaciones y el perfil de los beneficiarios —incluido personal ajeno a la Armada— convierten el expediente en una de las causas de corrupción militar más sensibles del año.