Crisis en la obra social militar: ATE ocupó la sede y renunció el liquidador

La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo frente. La Asociación Trabajadores del Estado ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, en Paso 551, barrio de Balvanera, para rechazar una reorganización que, según el gremio, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos. En paralelo, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como administrador encargado de la liquidación del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tras una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.

La protesta se concentró frente al edificio y luego ingresó a las instalaciones. Una delegación sindical llegó hasta el cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades, mientras presentaba el reclamo ante un integrante del directorio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la medida y anticipó que el gremio podría profundizar las acciones si no recibe definiciones sobre el personal y los establecimientos turísticos antes del 30 de septiembre, fecha en la que vencen numerosos contratos y se prevé completar el traspaso administrativo de los predios a las fuerzas.

ATE ocupó este jueves la sede porteña de la Obra Social de las Fuerzas Armadas en reclamo por unos 600 puestos en riesgo y el destino de 13 hoteles. En paralelo, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán renunció como liquidador del ex IOSFA tras reunirse con el ministro Carlos Presti.

El conflicto se inserta en la transición abierta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. Esa norma disolvió el antiguo instituto —que reunía a militares, gendarmes y prefectos— y creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas, bajo la órbita de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, dependiente de Seguridad. La nueva estructura militar asume la cobertura de unos 330.000 afiliados. El organismo liquidado arrastra un pasivo que la administración ubica por encima de los $200.000 millones; el sindicato eleva el cálculo a más de $500.000 millones.

En Mar del Plata, ATE contabilizó cerca de 147 empleados en establecimientos turísticos, de los cuales unos 87 son contratados. El gremio sostiene que, si las actividades dejan de funcionar, los temporarios podrían quedar desvinculados y parte de la planta permanente pasar a disponibilidad. "No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad", afirmó Aguiar. También cuestionó el destino de las farmacias propias y de delegaciones en el interior.

Desde la conducción de la obra social niegan que haya despidos definidos. Fuentes con acceso a la administración señalan que el personal involucrado tiene condiciones laborales distintas —militares en actividad, planta permanente estatal, contratados del antiguo instituto y prestadores monotributistas— y que el destino de cada caso dependerá de las decisiones que adopten el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea una vez que reciban los inmuebles. Una resolución del 15 de septiembre formalizó el traspaso: el Ejército recibirá, entre otros, residencias en Córdoba y hoteles en Mar del Plata; la Armada, complejos en Bariloche, Embalse, San Clemente del Tuyú, Zárate y Mar del Plata.

El diagnóstico oficial atribuye a los hoteles un déficit cercano a $2.000 millones anuales y sostiene que ese gasto debe quedar fuera de los recursos destinados a consultas, internaciones y medicamentos. ATE rebaja esa evaluación y asegura que los establecimientos pueden financiarse con su propia actividad. Aguiar responsabilizó a las gestiones recientes por el deterioro de las cuentas y afirmó que el organismo había comenzado la administración actual con un superávit de $25.000 millones.

La salida de Guzmán expuso la presión política sobre los tiempos de la liquidación. Presti lo recibió el miércoles para reclamar acelerar las medidas administrativas necesarias para sanear el sistema y recuperar convenios con clínicas, sanatorios y droguerías. En distintas provincias se registraron interrupciones o restricciones en la atención a partir de las deudas con prestadores privados. Defensa aspira a regularizar el pasivo antes de fin de año, mientras la nueva entidad arma un presupuesto propio centrado en la cobertura sanitaria.

La semana que arranca obliga a definiciones simultáneas: el traspaso de hoteles, la respuesta al reclamo gremial y la negociación con prestadores médicos. En un universo de afiliados militares que ya enfrenta tensiones salariales, la disputa por la obra social se convirtió en un problema político de primer orden para el ministerio.