Procesan a Baratta por enriquecimiento ilícito: embargo de $1.500 millones y la casa del country a nombre de su madre

El juez federal Julián Ercolini procesó por enriquecimiento ilícito a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de Julio De Vido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Le trabó un embargo de $1.500 millones y ratificó la inhibición general de sus bienes, aunque no dictó la prisión preventiva.

Según la resolución, Baratta "habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada" entre el 28 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2017: los doce años en los que ocupó el cargo —hasta diciembre de 2015— y los dos posteriores a su salida. La reconstrucción contable arrojó saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y de 2012 a 2017, que acumulados suman $4.678.496,90 a valores históricos, una brecha entre lo que ganaba en blanco y lo que efectivamente gastaba.

El juez Julián Ercolini procesó sin prisión preventiva al exsubsecretario de Planificación Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, y lo embargó por $1.500 millones. El eje es una casa en el country Mapuche, en Pilar, comprada en efectivo y puesta a nombre de su madre.

El crecimiento, sostiene el magistrado, se canalizó a través de inmuebles y vehículos a su nombre y al de familiares directos —su esposa, Dalina Bielle, y su madre, Marta Rosa Girola—, además de la tenencia de "importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera".

La casa de Mapuche

El corazón de la acusación es una vivienda en el country Mapuche, en Pilar. El lote se compró el 19 de septiembre de 2012 por 70.000 dólares en efectivo y quedó a nombre de la madre del exfuncionario. Sobre ese terreno se levantó una casa de unos 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso, cuya obra —tasada en alrededor de $3,7 millones de entonces— se pagó también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015.

El arquitecto declaró que era Baratta quien le daba las indicaciones y que los pagos los hacía él o su secretario privado de entonces, Nelson Lazarte. Las facturas de la obra estaban a su nombre, su familia usaba la propiedad y las expensas y los impuestos se vinculaban con él y con su esposa. El matrimonio reconoció aportes por $604.546,11, una cifra que, para el juez, "resulta relevante pero no explica la totalidad de la inversión".

Hay un detalle que conecta este expediente con el juicio más resonante de la etapa kirchnerista: el servicio de cable e internet de la casa estaba contratado desde enero de 2015 a nombre de Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos de las coimas.

La defensa y la prescripción

Baratta rechazó las acusaciones. Sostuvo que la casa de Pilar fue un proyecto de fin de semana de sus padres, financiado con una indemnización de su padre, un plazo fijo y ahorros familiares, y que por eso él supervisaba la construcción. Ercolini admitió que varias de esas fuentes existieron, pero concluyó que no se acreditó su trazabilidad y que la madre habría actuado como "persona interpuesta".

La acusación abarca además departamentos y cocheras en las calles José Hernández y Thames, en la Ciudad, tres vehículos y el dinero secuestrado en un allanamiento.

La defensa pidió la nulidad de la indagatoria porque sigue pendiente en la Corte Suprema un planteo de prescripción que la Cámara Federal de Casación ya había rechazado. El procesamiento puede apelarse ante la Cámara Federal porteña.

Un expediente de 2017

La causa se abrió en 2017 y tramita en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, hoy vacante y subrogado por Ercolini, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. La primera citación a indagatoria fue en 2021, cuando el juzgado estaba a cargo de Ariel Lijo, pero se postergó hasta completar la pericia contable que había pedido la propia defensa.

En paralelo, Baratta se sienta en el banquillo del juicio oral por los Cuadernos, donde está acusado de haber sido el recaudador de los sobornos que empresarios de la obra pública habrían pagado al poder político. En ese proceso, Centeno declara como arrepentido, y el exfuncionario lo tildó de "mentiroso".