El PJ cita a Bausili al Senado por las 13 toneladas de oro del Central
Senadores del PJ pidieron citar otra vez al presidente del Banco Central para que documente destino, contratos y custodia de las 13 toneladas de oro enviadas al exterior en 2024, tras el choque con la Auditoría General sobre la trazabilidad.

El peronismo del Senado volvió a la carga este lunes con un pedido de citación urgente al presidente del Banco Central. La exigencia apunta a que detalle, con papeles en la mano, qué pasó con unas 13 toneladas de oro que salieron de las bóvedas oficiales en 2024 y cuyo paradero físico sigue siendo materia de disputa política.
La iniciativa lleva las firmas de Juliana Di Tullio y Martín Soria, y busca que el funcionario comparezca otra vez ante las comisiones de Economía y de Presupuesto. No se trata de un debate abstracto: la oposición quiere fechas de los envíos, destino concreto de cada partida, empresas o dependencias que intervinieron en el traslado terrestre y aéreo, calidad y cantidad de los lingotes, plazo del depósito, beneficios para el país y responsabilidades de seguridad del custodiante.
Senadores del PJ pidieron citar otra vez al presidente del Banco Central para que documente destino, contratos y custodia de las 13 toneladas de oro enviadas al exterior en 2024, tras el choque con la Auditoría General sobre la trazabilidad.
El choque viene de la semana pasada. En el plenario donde se trataba la reforma de la Carta Orgánica del Central, Di Tullio preguntó por el metal. La respuesta oficial fue que una parte de las reservas internacionales en oro está depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, y que no había de qué preocuparse porque auditorías internas, externas y de la Auditoría General de la Nación habrían revisado los ejercicios 2023, 2024 y 2025 sin observaciones.
Esa lectura no cerró. La Auditoría General le respondió a la senadora que la trazabilidad específica del oro colocado en el exterior todavía no concluía: el Central habría entregado la información pedida, pero con demoras de más de un año, y el análisis seguía en curso. En otras palabras, una cosa es aprobar estados contables y otra, distinta, es dar por cerrada la auditoría de la cadena de custodia de los lingotes fuera del país.
Sobre esa grieta se montó el relato opositor. Di Tullio sostiene que el metal no está en Suiza sino en Inglaterra, y que la versión helvética encubre un costo político en plena escalada retórica por Malvinas. Soria, en la misma línea, exige que el Gobierno explique dónde llevaron las reservas y remarca que el oro es de los argentinos. El proyecto de resolución pide, además, que el titular del Central documente que el metal permanece en Basilea y que las auditorías de esos años no formularon observaciones sobre esas operaciones.
Del otro lado, el Central mantiene su versión. Fuentes de la entidad reiteraron que existen depósitos de oro en el BIS suizo, que una firma privada ya publicó estados financieros auditados y que la Auditoría aprobó los ejercicios 2023 y 2024. Señalan que el movimiento de 2024 respondió a una oportunidad de mercado para mejorar calidad y liquidez de los lingotes, y que parte de la reserva de información obedece a motivos de seguridad financiera. Sobre 2025, admiten que la documentación llegó tarde y que ese tramo aún se analiza.
El caso se mete de lleno en la pelea legislativa de esta semana. Mientras el oficialismo apura la reforma de la Carta Orgánica —con Labor Parlamentaria convocada y mirada puesta en el recinto— y avanza con Inocencia Fiscal II, la oposición usa el oro como termómetro de transparencia monetaria. Citación, dictámenes y redes sociales se mezclan: no alcanza con una frase en comisión; piden contratos, custodios, rendimientos y prueba de ubicación.
Para el lector de a pie, el nudo es simple aunque la técnica sea opaca. Si el metal está afuera, ¿quién lo guarda, bajo qué contrato, con qué riesgo de embargo o de uso como colateral, y por qué la auditoría de trazabilidad no está cerrada dos años después del envío? Esa es la pregunta que el bloque justicialista quiere forzar en el Senado. Y es, también, el costo político que el Gobierno deberá administrar si insiste en blindar al presidente del Central sin entregar el expediente completo.
La citación no garantiza por sí sola una respuesta definitiva. Pero deja sentado el tablero: reservas, soberanía monetaria y control parlamentario vuelven a cruzarse en un mismo expediente, con 13 toneladas de oro como símbolo y con un calendario legislativo que no da respiro.

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