Bomberos Voluntarios anuncian “sirenazo” nacional por una deuda de $59 mil millones

Los Bomberos Voluntarios de toda la Argentina preparan para este jueves 10 de septiembre, a las 10, un “sirenazo” simultáneo en más de mil cuarteles. La medida apunta a un reclamo concreto: el Estado nacional todavía no giró un remanente de 2025 que, según verificó una comisión de Diputados, supera los 59.330 millones de pesos.

Carlos Milanesi, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, sostuvo que el pedido ya llegó a Seguridad, a Jefatura de Gabinete y a Economía, sin audiencias ni respuesta. “Es una retención indebida de fondos”, resumió. El lema elegido para la jornada es directo: cuando suenan las sirenas, todo el país escucha.

Más de mil asociaciones de Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas el jueves a las 10 en todo el país para reclamar al Gobierno el giro de $59.330 millones previstos por ley y retenidos desde 2025.

El dinero no es un subsidio discrecional. La Ley 25.054 crea un fondo alimentado con el 5 por mil de las primas de seguros —salvo vida— que recauda la Superintendencia y que el Estado debe distribuir entre asociaciones, federaciones y organismos del sistema. A cada asociación le corresponderían, por ese remanente, alrededor de 45 millones de pesos. En un cuartel, eso es combustible, mantenimiento de vehículos, trajes y equipos que casi siempre se pagan en dólares.

El Congreso ya midió la cifra. La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, que preside Ariel Rauschenberger, confirmó el monto con un pedido de acceso a la información pública. En paralelo, las federaciones provinciales —son 29— respaldaron la protesta de forma unánime. El toque de sirena será pacífico y, aclaran, no interrumpirá la atención de emergencias.

El reclamo no se agota en el remanente de 2025. El sistema pide un adicional por intervenciones en rutas concesionadas, la aplicación plena de la Ley de Fortalecimiento 27.629 —que habilita el reintegro del IVA en compras de equipamiento— y mayor agilidad del Banco Central y Economía para pagos al exterior. Sin industria local de autobombas ni de trajes técnicos, el cepo cambia en demora operativa.

Este año hubo un giro parcial. La Resolución 91/2026 de Seguridad asignó unos 129.244 millones para fortalecer el sistema: más de 100 mil millones se repartieron entre 1.062 asociaciones de primer grado —cerca de 94,9 millones cada una— y el resto fue al Consejo de Federaciones, a la Academia Nacional de Capacitación y a la Agencia Federal de Emergencias. El problema, dicen los dirigentes, es que ese tramo 2026 no cancela la deuda del ejercicio anterior.

No es la primera vez que el conflicto llega a la Justicia. En 2018 la Corte Suprema dictó una cautelar para que el Estado girara fondos retenidos. Hoy las federaciones no descartan volver a litigar, pero eligieron primero la vía pública: un minuto de sirenas a la misma hora en Córdoba, Río Negro, Chubut, La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero y el resto del mapa.

El gobierno nacional, por ahora, no ofreció una versión oficial. El silencio alimenta la lectura política del reclamo: en plena agenda de ajuste y con el Presupuesto 2027 a la vuelta, un fondo con afectación específica por ley aparece como deuda exigible, no como gasto opcional. Para los cuarteles, la discusión es más prosaica. Sin ese remanente, cuesta sostener el día a día de un servicio que llega donde muchas veces no llega otro.

El jueves a las 10 el país lo va a escuchar. La pregunta que dejan abierta las federaciones es si, después del ruido, alguien del Ejecutivo se sienta a firmar los giros.