Bullrich frena el jury a las juezas que frenaron la baja de imputabilidad

Patricia Bullrich volvió a trazar una línea interna que el oficialismo prefiere no airear en público. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza se pronunció en contra de impulsar juicios políticos contra las dos juezas que frenaron la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, y sostuvo que el camino correcto es la revisión judicial, no el jury por el contenido de una sentencia.

El mensaje llegó este miércoles en un congreso anticorrupción celebrado en el Automóvil Club Argentino. Bullrich cerró su exposición con una fórmula que, a la vez, reivindicó la ley y acotó la ofensiva política: dijo estar "totalmente en contra" de las magistradas que pararon el régimen, recibió aplausos y, de inmediato, aclaró que no les haría un juicio político por eso. "¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no", afirmó.

La jefa del bloque oficialista en el Senado se opuso a impulsarle juicio político a las juezas Marta Pascual y Laura De Marinis. Criticó sus fallos, pero sostuvo que deben revertirse por vía de apelación y no con un jury por el contenido de las sentencias.

El régimen en disputa bajó de 16 a 14 años el umbral de imputabilidad. Pascual, del fuero penal juvenil de Lomas de Zamora, intentó frenar con una cautelar la aplicación general de la norma en la provincia de Buenos Aires; la Cámara revocó esa decisión. De Marinis, de la Ciudad, declaró inconstitucional la baja de la edad en un caso concreto —un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo— y sobreseyó; su fallo está apelado. La magistrada porteña sostuvo que su resolución no es "un mensaje de impunidad" y que las decisiones judiciales deben cuestionarse por las vías de revisión previstas, no con un juicio político por los fundamentos de la sentencia.

Contra esos fallos se alinearon dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO. En la provincia, el presidente del partido libertario, Sebastián Pareja, impulsó un pedido de juicio político contra Pascual y la acusó de intentar frenar una ley votada por el Congreso. En la Ciudad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que pediría jury contra De Marinis y calificó la sentencia de "manchada de sangre". El ministro de Justicia porteño anticipó el camino ante el Consejo de la Magistratura. Casi un centenar de jueces de la Ciudad respondió con un comunicado de respaldo a la independencia judicial y de rechazo a lo que consideraron una intromisión del Ejecutivo local contra el Poder Judicial.

Bullrich cortó esa lógica. Comparó el jury por sentencias con la estrategia que, según ella, usó el kirchnerismo contra jueces y fiscales, y pidió "aislar" a quienes reinterpretan la ley por la vía de la inconstitucionalidad permanente, pero sin convertir cada fallo adverso en un proceso de remoción. Su argumento operativo es concreto: en el caso Pascual la segunda instancia ya corrigió; en el de De Marinis, dijo, hay que esperar a que cámaras y Casación reviertan la decisión. "Si uno deja ese camino, es mucho más certero que decir: 'Yo le meto un juicio político'", planteó.

El episodio se inserta en una secuencia de desmarques de la senadora respecto de la mesa política oficialista: cuestionamientos al capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027, dudas públicas sobre los votos para la reforma electoral y una autonomía que el propio Presidente ordenó no confrontar de frente. En este caso, el choque no es con la Casa Rosada en abstracto, sino con el gobierno porteño y con sectores de su propio espacio que quieren castigo político inmediato. Bullrich coincide en el fondo —defiende la ley y rechaza los fallos— y se separa en el método: apelación, no jury.

La discusión deja abiertas dos pistas. Una es judicial: la Cámara porteña debe resolver la apelación contra De Marinis y definir si el proceso penal contra el adolescente de 14 años continúa. La otra es política: hasta dónde el oficialismo está dispuesto a tensionar la independencia judicial para blindar una de sus leyes insignia de seguridad. Bullrich, al menos en público, eligió el límite: criticar con dureza, aplaudir la revocatoria donde ya hubo, y negar que una sentencia —aunque se la considere errada— sea por sí sola causal de juicio político.