La Cámara Federal cierra la causa offshore de Caputo

La Cámara Federal cerró el expediente que investigaba al ministro de Economía por su paso como secretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri. Con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Sala I confirmó el archivo dispuesto por el juez Julián Ercolini y ordenó la desvinculación definitiva del funcionario. El fiscal Carlos Rívolo había apelado ese cierre y pedía nuevas medidas, incluida la indagatoria.

La denuncia original apuntaba a un entramado de sociedades offshore revelado por los Paradise Papers. Según esa línea, Caputo habría sido dueño indirecto de Noctua entre 2009 y 2015, una estructura que compró bonos de la reestructuración de deuda mientras él, ya como funcionario, intervenía en operaciones del Tesoro. También se le atribuyó haber omitido sociedades en su declaración jurada y haber facturado servicios a una de esas firmas durante su gestión pública.

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el archivo de la causa por negociaciones incompatibles y sociedades offshore contra el ministro de Economía. Llorens y Bertuzzi ordenaron su desvinculación definitiva; el fiscal había apelado y pedía indagatoria.

Los delitos denunciados fueron omisión maliciosa en la declaración jurada, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes e hipótesis de lavado. Rívolo remarcó que Noctua compró casi medio millón de dólares en bonos emitidos en abril de 2016, en una licitación en la que Caputo participó como secretario de Finanzas. Otra pieza del expediente menciona la compra por cinco millones de dólares de deuda a cien años por parte de una empresa ligada a ese entramado.

La Cámara sostuvo que no se observa un actuar delictual doloso en perjuicio de la administración pública y que no corresponde avanzar con nuevas pruebas. Los camaristas avalaron el criterio de Ercolini: Caputo rectificó su declaración jurada, informó vínculos de consultoría hasta diciembre de 2015 y su paso por Axis, asociada a la compradora de bonos. Sobre Princess, accionista de Noctua a través de Affinis Partners II, el tribunal coincidió en que, más allá de figurar Luis Caputo como accionista, quien revestía esa calidad era su hermano Flavio.

Esa lectura choca con el dictamen fiscal. Rívolo sostuvo que la documentación de las Islas Caimán al momento de la apertura de Princess apunta a Luis Caputo como titular, y que Flavio recién asumió esa posición el 30 de junio de 2016, medio año después de que Luis ingresara a Finanzas. La defensa, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, respondió con un acuerdo privado entre hermanos de 2009, suscripto ante el escribano Claudio Caputo, familiar de ambos y padre de Santiago Caputo. Ese documento recién se presentó ante la Justicia en 2019.

El fallo salió con una Sala renovada. Bertuzzi juró como juez titular el jueves anterior, tras un largo proceso de concurso y aprobación senatorial. Yadarola, también confirmado, está de licencia y no votó. Bruglia quedó afuera del tribunal desde la asunción de Yadarola. En pocos días, la misma Sala también ratificó la exclusión de querellantes en la causa $LIBRA y confirmó el cierre del expediente sobre el préstamo del FMI durante Cambiemos, con Macri, Caputo y Federico Sturzenegger en el centro.

Desde el CIPCE, Pedro Biscay criticó el cierre como parte de una etapa de pactos de impunidad y habló de un negocio simulado para ocultar al verdadero titular. Advirtió que el caso puede ser leído por el GAFI en la quinta ronda de evaluación, con hipótesis de lavado, y recordó que en la cuarta ronda el país estuvo cerca de la zona gris. Para Biscay, discutir dolo recién en un juicio es prematuro: primero hace falta investigar.

Ahora la fiscalía de Cámara, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, debe decidir si apela ante Casación o deja que el expediente muera. El ministro, en tanto, llega a esa desvinculación en un momento de alta exposición política: es el ancla del programa económico y uno de los nombres más sensibles del gabinete. El archivo no borra el debate público sobre offshore, declaraciones juradas y el límite entre el mercado y el Estado. Solo cambia el terreno: de la instrucción a la pelea por si habrá, o no, una segunda instancia.

La pelea judicial, entonces, no terminó en el fondo del asunto. Terminó, por ahora, en la puerta. Sin indagatoria, sin nuevas medidas y con una Sala que eligió el cierre. Lo que queda es la decisión de apelar y el costo político de un expediente que, cerrado o no, sigue alimentando la disputa sobre cómo se investiga el poder económico cuando vuelve al gobierno.