La Ciudad deja afuera de los nuevos pliegos de la basura las indemnizaciones que exige Camioneros

El gobierno porteño le puso fecha de vencimiento a la llamada "Ley Moyano". En la audiencia pública virtual que se realizó este lunes para discutir los pliegos del nuevo servicio de higiene urbana, que regirá entre 2028 y 2038, la administración de Jorge Macri confirmó que los futuros contratos no incluirán el pago de indemnizaciones a recolectores y barrenderos cuando cambien las concesiones. Es el resarcimiento que exige el Sindicato de Camioneros y que, según estimaciones del propio sector, rondaría los US$200 millones para unos 6.000 trabajadores.

Mientras la audiencia avanzaba por videoconferencia, el gremio de Hugo y Pablo Moyano salió a la calle. La movilización se concentró frente a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250, en San Telmo, y no frente a la Legislatura, como se había anunciado. La encabezaron Pablo Moyano, secretario adjunto, y Marcelo "Feúcho" Aparicio, secretario gremial. Hubo empujones entre los propios manifestantes. Aparicio entregó en mesa de entradas una nota firmada por los Moyano en la que reclaman que las indemnizaciones figuren en los pliegos y las califican de "derecho adquirido".

En la audiencia pública por el servicio de higiene urbana 2028-2038, el gobierno de Jorge Macri confirmó que no pagará el resarcimiento de unos US$200 millones que reclaman los Moyano. El gremio marchó a la Comuna 1 y promete dar pelea en la calle.

"Vamos a hacer lo imposible para que se pague ese logro histórico", avisó Pablo Moyano. Circularon versiones de que el sindicato podría frenar la recolección durante la visita del papa León XIV, pero en Camioneros lo desmintieron.

Una "ley" que no está escrita

Lo que el gremio llama "Ley Moyano" no figura en ningún código. Es una práctica que el sindicato impone desde 1998, cuando terminó el contrato de Manliba: cada vez que vence una concesión o una empresa cambia de manos, la firma despide al personal, lo indemniza y lo vuelve a contratar, o lo absorbe la nueva adjudicataria, sin que nadie pierda un día de trabajo. El propio Aparicio llegó a definirla como un "privilegio" de los recolectores porteños y admitió que "no existe en la ley".

En la Ciudad, sin embargo, la costumbre tiene respaldo contractual. El pliego vigente, firmado en 2014 y prorrogado en 2020 hasta el 30 de septiembre de 2028, incluye un ítem de "Indemnizaciones Finales": al terminar el contrato, la empresa calcula lo que corresponde a cada trabajador y, una vez auditado, el Gobierno porteño le gira los fondos para pagarlo. En 2012, la Legislatura ya había aprobado un bono de $220 millones con el mismo fin.

Los críticos del esquema señalan una contradicción: el artículo 19 de la Ley 4120, el marco regulatorio de la higiene urbana porteña, obliga a garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla. En los hechos, los contribuyentes terminan financiando despidos que nunca ocurren.

Pago por desempeño y vecinos que califican

La presentación oficial estuvo a cargo de Matías Lanusse, secretario de Higiene. Además de dejar afuera las indemnizaciones, el anteproyecto cambia la forma de pagarles a las empresas: habrá un componente fijo y otro variable, atado al cumplimiento del servicio, a encuestas a vecinos y a los reclamos que se registren en cada barrio. Si la limpieza queda por debajo del estándar, la contratista cobra menos.

Para controlar, la Ciudad prevé seguimiento satelital de los camiones, sensores de llenado en los contenedores y análisis de imágenes con inteligencia artificial para detectar basura acumulada. También propone un prestador único para reparar y reponer contenedores y cestos, frecuencias adaptadas a cada barrio, recolección puerta a puerta de reciclables con cooperativas de recuperadores urbanos, un circuito de orgánicos para grandes generadores y estudios de factibilidad para una futura planta de valorización energética de residuos.

Qué viene

La audiencia es consultiva: después de recibir aportes, el Gobierno fijará las condiciones definitivas y recién entonces llamará a licitación, prevista para 2027, en pleno año electoral. Los trabajadores conservarían sus puestos durante los diez años de los nuevos contratos, ya sea en las empresas actuales o en las que resulten adjudicatarias.

El frente de conflicto, igual, ya está abierto. Camioneros duda de que el Presupuesto porteño 2027 incluya las partidas para pagar las indemnizaciones del contrato vigente, y en las bases la desconfianza pesa: en 2024, cuando la Ciudad descartó adelantar ese pago, hubo asambleas tensas en las que trabajadores increparon a sus delegados porque no creían que fueran a cobrar en 2028. "Lo vamos a ganar nuevamente en la calle", había prometido Moyano la semana pasada. Para Jorge Macri, la pulseada con el gremio más poderoso del transporte recién empieza.