Caputo frena el acuerdo de discapacidad: “No se puede pagar” y la mesa se parte

La interna que el oficialismo prefería mantener bajo la mesa explotó en público con un solo mensaje: el Ministerio de Economía no quiere financiar el dictamen de discapacidad que La Libertad Avanza cerró con bloques aliados en Diputados. “No se puede pagar”, filtró una fuente cercana a Luis Caputo. Del otro lado, el ala política responde sin vueltas: van a tener que poner la plata.

El cortocircuito llega en el peor momento. Este martes la mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda antes de la partida del Presidente a París, y el gasto asociado a las prestaciones para personas con discapacidad quedó otra vez en el centro de la discusión. No es un detalle técnico: es el punto donde choca el dogma del equilibrio fiscal con la necesidad de sostener votos en el Congreso.

Economía resiste el dictamen de discapacidad negociado por el oficialismo con aliados en Diputados; aliados amenazan con prorrogar la emergencia si no hay partidas claras en el Presupuesto 2027.

La semana pasada, el bloque oficialista logró un despacho de mayoría junto a sectores del PRO, la UCR y otras bancadas dialoguistas. El texto, trabajado entre otras por Laura Rodríguez Machado, Pamela Verasay y Javier Sánchez Wrba, reunió 42 firmas y apuntó a desactivar el capítulo más resistido del Presupuesto 2027: el que tocaba nomenclador, arancel unificado y pensiones no contributivas por invalidez. La negociación política tuvo el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de Diputados, Martín Menem, mientras Caputo acompañaba a Javier Milei en Nueva York.

Ese desfase alimentó la bronca en Hacienda. Para el equipo económico, el ajuste en discapacidad era una pieza del esquema fiscal de 2027. Enterarse de que el oficialismo parlamentario había firmado otra cosa —incluso con la idea de retirar el capítulo VI antes de las informativas de octubre— cayó como una afrenta. Legisladores aliados confesaron que recién el viernes, horas después de estampar la firma, se enteraron del rechazo del ministro.

En paralelo, cuatro diputados que acompañaron el despacho —Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Álvaro González (PRO)— le enviaron un reclamo formal al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch. Piden que se detalle el monto destinado a las prestaciones antes de avanzar con el Presupuesto. Si no hay respuesta satisfactoria, advierten que podrían votar junto a la oposición una prórroga de la Emergencia en Discapacidad cuando el tema llegue al recinto.

Desde La Libertad Avanza sostienen que los recursos para pensiones ya están contemplados y que la pelea se concentra en la modalidad de pago de ciertas prestaciones. El ala política minimiza el costo fiscal y recuerda el antecedente del Presupuesto 2026, cuando los aliados tumbaron en particular el capítulo que derogaba las emergencias de discapacidad y universidades. Nadie en el oficialismo quiere repetir esa foto.

La tensión no es solo Caputo versus Menem. Patricia Bullrich viene marcando diferencias por el mismo tema desde el Senado, y en la mesa política se cruzan dos lecturas de fondo. Del lado económico —con eco en el asesor Santiago Caputo— piden acelerar pactos con gobernadores y opositores para calmar a los mercados. Del lado político responden que, a un año de las elecciones, pocos van a firmar cheques en blanco: especulan con el resultado económico antes de cerrar.

Mientras tanto, el Presidente y media comitiva vuelan a París a vender el modelo ante inversores y Macron. El contraste es brutal: afuera se exhibe disciplina fiscal; adentro, la propia tropa discute si el Estado puede o no bancar el acuerdo que acaba de firmar en Diputados. La sesión sobre discapacidad todavía no tiene fecha. El margen para negociar existe, pero se achica cada hora que pasa sin una definición clara de partidas.

Lo que está en juego no es solo un artículo del Presupuesto. Es la capacidad del oficialismo de sostener a la vez el relato del ajuste y la gobernabilidad parlamentaria. Si Economía tumba el acuerdo, el Gobierno se expone a una derrota simbólica —o a un veto parcial de su propia ley— en un tema sensible para gobernadores, aliados y la opinión pública. Si lo banca, tendrá que explicar de dónde sale la plata. En cualquiera de los dos caminos, la mesa ya no puede fingir que no hay pelea.