Caputo arma el nuevo cuerpo de espías: estatuto SIDE y carrera hasta 2027

El Gobierno formalizó, con el Decreto 1021/2026, un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La norma deroga el esquema de 2003 y da nacimiento al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. El texto regula ingreso, carrera, remuneraciones y egreso, y entra en vigencia plena el 1° de enero de 2027. La reforma la impulsa el secretario Cristian Auguadra, alineado políticamente con Santiago Caputo, y corona un proceso de reestructuración que la administración viene ejecutando desde los primeros meses de 2026.

El relato oficial habla de una estructura civil despolitizada, con mejores perfiles y orientada a defender intereses estratégicos. En la práctica, el decreto intenta institucionalizar una carrera profesional formal después de años de estatutos remendados por intervenciones sucesivas. La Escuela Nacional de Inteligencia pasa a ser el filtro obligatorio: habrá convocatoria anual al Curso Básico de Ingreso y aprobarlo será requisito para entrar a la carrera. Los aspirantes deben ser argentinos, mayores de edad, con secundario completo como mínimo, y superar controles de contrainteligencia, pruebas psicotécnicas, patrimoniales y exámenes socioambientales.

El Decreto 1021/2026 crea el Cuerpo de Inteligencia de la Nación bajo Auguadra y Caputo: ingreso por la ENI, cuadros A/B/C, residencia a menos de 200 km y vigencia plena el 1° de enero de 2027.

Una vez adentro, el personal se divide en tres cuadros. El A queda para títulos universitarios o de posgrado; el B, para formación técnica o terciaria; el C, para secundario completo. Cada cuadro tiene categorías propias, pero se terminan los ascensos automáticos por antigüedad. Para subir de grado harán falta períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, cursos obligatorios y evaluaciones de desempeño favorables. También hay ascensos extraordinarios, incluso póstumos, por actos de arrojo en funciones específicas.

Una cláusula logistica llama la atención: los agentes deberán fijar residencia a menos de 200 kilómetros del lugar de trabajo u objetivo operativo asignado, para garantizar disponibilidad ante crisis. Los viajes a más de 200 kilómetros deben informarse con tres días de anticipación; salir del país exige permiso con al menos diez días. La dedicación es exclusiva. Dar clases, publicar, ejercer otra profesión o actividad comercial requiere autorización anual. El secreto sobre datos y materiales del servicio se mantiene incluso después del cese.

El régimen reconoce estabilidad una vez confirmada la planta permanente, retribución por categoría, licencias y jubilación. También impone prohibiciones estrictas: no usar información del cargo para beneficio propio, no recibir dádivas, no contratar con administraciones públicas ni prestar servicios a concesionarias o firmas reguladas, y no trabajar —remunerado o ad honorem— para entidades de seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, periodismo, encuestas o investigaciones. El porte de armas durante el servicio queda vedado salvo legítimos usuarios.

El ingreso no crea vínculo laboral de entrada. Quienes aprueben el curso pueden pasar a planta condicional por hasta un año; recién después la Secretaría decide si confirma o corta. Hay cupos para personal de gabinete, en comisión, adscripción y proyectos especiales, estos últimos limitados al 5% de la planta. Antes de 2027 debe aprobarse un régimen de transición que reconozca antigüedad y formación del personal actual. Ese punto promete tensión con la vieja guardia de los servicios.

El relanzamiento de la carrera coincide con refuerzos presupuestarios: en julio el organismo recibió casi $50 mil millones y en septiembre sumó otros $30 mil millones. En paralelo circulan versiones sobre el futuro de Juan Bautista “Tata” Yofre al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia; todavía no hay definición. La apuesta política es clara: concentrar una SIDE más profesionalizada, menos pendiente de las pequeñas guerras domésticas y más cercana a un modelo de inteligencia exterior, bajo la órbita de Caputo y Auguadra, justo cuando el oficialismo necesita cerrar frentes institucionales de cara a 2027.