Casanello procesa a un exsocio de Martín Menem por el desvío en Osprera

El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Sergio Aguirre, exsocio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, y a dos exinterventores designados por el Ejecutivo en la obra social de los trabajadores rurales. La causa apunta a un desvío de fondos superior a los 247 millones de pesos por una contratación directa que la investigación considera irregular.

Los exinterventores Virginia Montero y Marcelo Petroni fueron procesados como autores de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli —presidenta de la empresa beneficiada y madre del primero— quedaron en la misma tipificación, pero como partícipes necesarios. El magistrado les impuso embargos millonarios sobre el patrimonio de cada uno.

El juez Casanello procesó a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de Osprera por un desvío de más de $247 millones vía Htech Innovation; embargos millonarios y causa en marcha.

En el centro del expediente aparece Htech Innovation, una firma constituida por Aguirre en abril de 2024, pocos meses después del cambio de gobierno. Según la pesquisa, la compañía carecía de antecedentes, empleados y facturación previa cuando obtuvo el contrato con Osprera por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, la obra social le pagó cientos de millones de pesos.

El fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que ambos interventores habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien —según esa hipótesis— ejerció influencia directa sobre ellos y logró la contratación de su propia empresa. Petroni, abogado penalista, es descripto en el expediente como vinculado a Eduardo “Lule” Menem, operador cercano a la Secretaría General de la Presidencia.

Cuando los investigadores revisaron las cuentas de Htech en el Banco Francés, detectaron compras de vehículos de alta gama en el mismo período de cobros: un BMW a nombre de Aguirre y un Mercedes Benz a nombre de otro socio. También aparecieron movimientos sospechosos hacia cuentas vinculadas a Mirabelli, quien —según la causa— daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado y, al mismo tiempo, figuraba como socia de la firma contratada.

Aguirre y Martín Menem habían fundado juntos en 2018 una sociedad dedicada a importar y vender suplementos dietarios. Ese vínculo comercial previo explica por qué el procesamiento del exsocio del titular de Diputados repercute de inmediato en la agenda política: la obra social rural está intervenida por el Gobierno desde 2024, en medio del conflicto con el gremio Uatre, y los interventores procesados fueron nombrados desde el Poder Ejecutivo.

La causa ya había tenido un capítulo de ida y vuelta. En julio, Casanello citó a indagatoria y embargó bienes por unos 920 millones de pesos. A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas derivadas de ese aparato, y dejó sin efecto los embargos. Aun así, el expediente general siguió adelante. Este martes, el juez reafirmó el procesamiento y volvió a trabar medidas cautelares sobre los imputados.

En su declaración indagatoria, Montero justificó la contratación. Aguirre, en cambio, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó filtraciones. El contrato, según reconstruyó la investigación, se suspendió y se ordenaron auditorías cuando las irregularidades salieron a la luz en la prensa.

Para el oficialismo, el fallo llega en un momento delicado: el Congreso debate un lote sensible de leyes, el presidente viaja a París con gobernadores y la obra social rural sigue bajo intervención estatal. El procesamiento no implica condena, pero deja a dos exinterventores del Gobierno y al entorno empresario de un dirigente clave de Diputados bajo el peso de una causa por corrupción en un ente que administra la salud de trabajadores rurales. La instrucción continúa; el próximo tramo será la estrategia de las defensas y el eventual recorrido en Cámara.