Caso $LIBRA: Estados Unidos cerró el pedido de asistencia de la Justicia argentina por falta de pruebas de delito

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró el pedido de asistencia que la Justicia argentina había presentado en la causa por el lanzamiento y el colapso de $LIBRA, el criptoactivo que el presidente Javier Milei difundió en sus redes. Según la carta conocida este domingo, Washington no entregará los registros que había solicitado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi porque consideró que la información enviada desde Buenos Aires no alcanzaba para demostrar que se hubiera cometido un delito.

"Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto", señala el texto de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia. La carta, de una carilla y firmada por la fiscal Mari Aponte, fue remitida al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juzgado que instruye la investigación penal por presunto fraude en Comodoro Py.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró el pedido de asistencia del juez Martínez de Giorgi en la causa $LIBRA porque consideró que no había pruebas suficientes de un delito. La decisión no es un sobreseimiento ni cierra la causa que sigue abierta en la Argentina.

La decisión tiene un alcance acotado. Se trata de la respuesta a un pedido de cooperación internacional: no equivale a un sobreseimiento de ninguno de los investigados ni cierra la causa que tramita en la Argentina, que sigue abierta en manos del juez Martínez de Giorgi. Tampoco se pronuncia sobre la responsabilidad de ninguna persona. Lo que define es que Estados Unidos no aportará, por esta vía, la información que se le había requerido.

El requerimiento argentino había ingresado al Departamento de Justicia el 8 de abril de 2025. Buscaba acceder a registros de suscriptores para avanzar en la investigación sobre el token que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según la carta, los funcionarios estadounidenses pidieron información adicional en dos oportunidades, el 24 de abril y el 31 de julio de 2025. La primera respuesta llegó el 31 de julio de ese año y la segunda, el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después.

"Lamentablemente, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito", indica el escrito. Y agrega que "deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas". En su cuerpo, la carta no menciona por su nombre a los investigados ni al Presidente, aunque Milei figura en la carátula.

El texto también fija una pauta general sobre este tipo de activos. "Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados", sostiene. Y añade que "las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades". La carta no precisa si otras áreas del Departamento de Justicia llevan adelante una investigación propia sobre el caso.

El episodio se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X el código necesario para comprar el token. Tras la caída abrupta de su cotización, el Presidente borró el mensaje y sostuvo que se había limitado a difundir el proyecto, no a promocionarlo. Las pérdidas fueron estimadas entre 87 y 107 millones de dólares y alcanzaron a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países.

La carta está fechada el 28 de septiembre, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon desestimara en Nueva York la demanda colectiva que habían presentado inversores afectados. La magistrada concluyó que los demandantes no habían logrado acreditar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones a la ley federal RICO, y rechazó un nuevo intento de ampliar la demanda. Los impulsores de esa acción deberán evaluar si recurren a la Cámara de Apelaciones.

Con la vía de cooperación cerrada en Washington, la investigación penal en Comodoro Py deberá seguir su curso sin los registros que había pedido al exterior.