La CGT acelera hacia un paro en noviembre tras dos gestos que lee como hostiles
La salida de Claudia Testa y el recurso ante la Corte contra la certificación de Barrionuevo reactivan en la CGT la hipótesis de un quinto paro general para la segunda quincena de noviembre, después de la visita papal.

La central obrera volvió a poner el acelerador. Después de semanas de marchas sin huelga y de un diálogo que había bajado la temperatura con el decreto que resguardó la caja sindical, dos decisiones del Ejecutivo encendieron otra vez las luces amarillas en la mesa chica cegetista: la salida de Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo y el recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la certificación provisoria de Luis Barrionuevo al frente de Gastronómicos.
El último paro general contra la administración libertaria fue el 19 de febrero. Desde julio, el plan de lucha compartido con las dos CTA privilegió movilizaciones callejeras con adhesión desigual. Para el 8 de octubre la CGT ya tiene una concentración en defensa de la industria frente a la Secretaría del área; el 15 acompañará la Marcha Federal Universitaria. El quinto paro, sin embargo, quedó postergado: en privado, los dialoguistas repiten que “todavía no hay clima social” y que muchas bases temen el descuento del día o perder el presentismo.
La salida de Claudia Testa y el recurso ante la Corte contra la certificación de Barrionuevo reactivan en la CGT la hipótesis de un quinto paro general para la segunda quincena de noviembre, después de la visita papal.
Esa prudencia empezó a crujir. Testa presentó una “renuncia indeclinable” por motivos personales, según la carta que remitió a Julio Cordero. En Capital Humano lo enmarcaron como una “reestructuración” y designaron en su lugar a Mariano Sartoris, abogado de confianza de Sandra Pettovello que venía del área Legal del ministerio. En el mundo gremial y empresario la leyeron distinto: Testa era, para muchos, la interlocutora solvente en paritarias y convenios. Había llegado desde la Ciudad, con paso previo por el equipo jurídico de la UOCRA, y acumulaba tareas sensibles —negociaciones salariales, homologaciones y, un tiempo, la Dirección de Asociaciones Sindicales— mientras Cordero bajaba el perfil tras la ley de modernización laboral.
En paralelo, Trabajo apeló ante la Corte el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba emitir en cinco días el certificado provisorio de autoridades de la UTHGRA. El Gobierno sostiene que las elecciones de diciembre siguen judicializadas y sin sentencia firme. Dirigentes cegetistas hablan de “injerencia” del Ejecutivo sobre un gremio nacional y temen que el expediente se convierta en antecedente para desconocer otros fallos favorables a sindicatos. El gremio gastronómico lleva meses de acefalía formal: sin certificación no se homologan paritarias ni fluyen con normalidad prestaciones y trámites administrativos.
Completa el panorama el desembarco de Ramiro Cherñetz al frente de Asociaciones Sindicales, un abogado con trayectoria en derecho laboral empresario que la CGT ya había calificado de provocación cuando se conoció el nombramiento. Sartoris y Cherñetz refuerzan, en la lectura sindical, la sensación de que el área laboral se redibuja con cuadros más cercanos a Pettovello y menos permeable al diálogo cotidiano con las centrales.
Desde el oficialismo responden que las puertas siguen abiertas y que no habrá marcha atrás. Una fuente libertaria fue más dura: los sindicalistas “piensan que son los dueños de la Secretaría de Trabajo” y no registran que “los tiempos cambiaron”. El mensaje llega en un momento delicado para la propia CGT: necesita mostrar músculo ante el peronismo de cara a 2027, pero también mide el costo de un paro fallido.
Por eso el calendario que circula ahora es cuidadoso. La segunda quincena de noviembre, después de la visita del Papa León XIV —con un encuentro previsto el 9 en la UCA entre la central, el empresariado y movimientos sociales—, aparece marcada en rojo. Antes, octubre será de calles: industria el 8, universidades el 15, y la pulseada legislativa por el DNU 70 y la agenda oficial. El sindicalismo dialoguista todavía discute el momento y la forma. Lo que cambió, tras la salida de Testa y el recurso contra Barrionuevo, es la disposición a acelerar.

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