Chile condiciona Malvinas: el ministro de Kast avala el comercio con kelpers

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, reabrió una grieta sensible en la relación con Buenos Aires. En una entrevista con Radio Polar, en Magallanes, reconoció el reclamo argentino sobre las islas, pero en el mismo aliento habló de una “situación de hecho”: el Reino Unido, a su juicio, “hace 200 años ejerce soberanía”. Y fue más lejos: avaló el desarrollo de actividades comerciales entre Punta Arenas y el archipiélago, justo cuando la Casa Rosada refuerza sanciones a empresas que operen en las islas y empuja en el Congreso un proyecto de soberanía.

La definición llega desde el gabinete de José Antonio Kast, aliado declarado del presidente Javier Milei. A principios de septiembre ambos firmaron en La Moneda una declaración conjunta con respaldo explícito chileno a los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Días después, el tono del ministro de Defensa relativiza ese compromiso y pone el foco en el comercio magallánico y en la “voluntad” de los isleños, un eje que la diplomacia argentina rechaza de plano porque considera a esa población implantada por la potencia ocupante.

Fernando Barros Tocornal reconoció el reclamo argentino y, a la vez, avaló el corredor Punta Arenas–islas. Londres endureció el tono: Streeting dijo que Gran Bretaña puede defender Malvinas por la fuerza.

El corredor marítimo y el petróleo

El debate concreto es la apertura de una ruta entre el sur de Chile y Puerto Argentino. La naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno isleño para sostener esa conexión. Barros Tocornal sostuvo que Chile y la comunidad magallánica “tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes” y que “no ve inconvenientes” en que esas operaciones se concreten. Separó, así, el apoyo diplomático al reclamo argentino del negocio cotidiano con las autoridades kelpers.

Sobre la explotación de hidrocarburos —el punto que más tensiona a Buenos Aires por el proyecto Sea Lion—, el ministro habló de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo”. Dijo que habrá que analizarlo “en su momento” y ver cómo se conjuga con los compromisos que Chile asumió en el Mercosur y en la Unasur, a los que calificó de “carácter político y no obligatorios legalmente”. Esa lectura choca con la Declaración del Mercosur de 2011, en la que los Estados asociados —incluido Chile— se comprometieron a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar soporte al saqueo de recursos naturales en disputa.

Londres endurece el tono

En paralelo, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, endureció el mensaje en una entrevista con The Sun. Afirmó que la Argentina “no tiene la capacidad de tomar las islas” y que Gran Bretaña “sí tiene la capacidad de defenderlas”. Dijo que el asunto “se resolvió en 1982” y que la “voluntad firme” de los habitantes isleños sigue siendo británica. Consultado sobre si enviarían tropas ante un eventual ataque, respondió que sí. El tono llega después del discurso de Milei en la ONU, donde reafirmó Malvinas como causa nacional y rechazó la libre determinación de una población implantada.

La coincidencia de calendarios complica el tablero. Mientras el oficialismo acelera en Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y amenaza sanciones a firmas que operen comercialmente en las islas, el principal socio ideológico de Milei en la región habilita un corredor marítimo y relativiza el consenso anticolonial del Mercosur. Para la Casa Rosada, el costo no es sólo diplomático: es la evidencia de que el alineamiento personal entre presidentes no alcanza para ordenar a los gabinetes cuando Magallanes mira el comercio y Londres habla de fuerza.