Docentes universitarios van al paro desde el 30: solo se levanta con el 33,4%

Los docentes de las universidades nacionales convocaron un paro total de actividades de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre. La medida, resuelta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, quedó atada a una condición explícita: solo se levantará si antes del martes 29 el Gobierno nacional aplica la recomposición salarial del 33,4% prevista en la Ley de Financiamiento Universitario y atiende la intimación judicial que corre en paralelo.

El anuncio se produjo el viernes 26 de septiembre, durante un plenario de secretarios y secretarias de la federación. La convocatoria busca coordinarse en unidad con CONADU Histórica y forma parte del plan de lucha previo a la quinta Marcha Federal Universitaria, fijada para el 15 de octubre. En los días previos, los gremios adelantaron acciones de agite y visibilización del conflicto en campus y facultades de todo el país.

CONADU convocó un paro de 48 a 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre. La medida se suspende únicamente si antes del martes 29 el Ejecutivo aplica el 33,4% de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Cormick intimó al Gobierno a cumplir la cautelar en cinco días; la Casa Rosada apelará. La quinta Marcha Federal queda para el 15 de octubre.

El conflicto salarial viene de lejos. Según las estimaciones de sindicatos y rectorados, los haberes docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 31,2%. En la última ronda paritaria el Ejecutivo ofreció un aumento del 3%, rechazado de plano por las organizaciones. La diferencia entre esa oferta y el 33,4% que reclaman los gremios —el porcentaje que, según el Frente Sindical, surge de aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795— define el tono del paro.

En la Justicia el frente también se endureció. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Estado nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar esos mismos artículos, vinculados a la actualización de salarios docentes y no docentes y de los programas de becas estudiantiles. El plazo es de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de astreintes —multas diarias— por cada jornada de demora.

La cautelar original data de diciembre de 2025. Tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado. Desde el Frente Sindical sostienen que el incumplimiento acumula ya cientos de días. La Casa Rosada, en cambio, anunció que apelará la nueva intimación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El argumento oficial es que la documentación exigida ya fue presentada en el expediente; la apelación, sin embargo, no suspende por sí sola la vigencia de la cautelar firme.

El origen normativo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025. El presidente Javier Milei la vetó; el Congreso insistió con las mayorías agravadas que exige la Constitución. El Senado cerró ese procedimiento el 2 de octubre de 2025, con 58 votos afirmativos y siete negativos. El Ejecutivo promulgó la norma pero suspendió su aplicación al sostener que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión derivó en la demanda de las universidades y en la cautelar que hoy vuelve a tensionar el vínculo entre Nación y el sistema universitario.

Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, enmarcó la decisión del plenario en una disputa más amplia: fortalecer lo colectivo frente a lo que describió como un clima de fragmentación e individualismo. La federación también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para potenciar el reclamo, y advirtió que la quinta marcha deberá poner en escena no solo el incumplimiento de la ley sino también el impacto del proyecto de Presupuesto 2027 sobre el sistema universitario nacional.

El calendario queda así: martes 29 como fecha límite para una eventual recomposición; miércoles 30 como inicio del paro si no hay respuesta; y 15 de octubre como jornada de movilización federal. La concreción de la huelga —su extensión en 48 o 72 horas, y el grado de adhesión en las casas de altos estudios— dependerá de lo que el Ejecutivo haga, o deje de hacer, en las próximas 48 horas. Por ahora, en los gremios el mensaje es único: sin el 33,4%, las universidades paran.