Justicia intima al Gobierno: cinco días para cumplir el financiamiento universitario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 intimó este martes al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total, en un plazo perentorio de cinco días, a la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick advirtió que, de no hacerlo, se aplicarán astreintes —multas diarias— por cada jornada de demora.

La resolución apunta a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que disponen la actualización de salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Cormick señaló que, según lo actuado en la causa y lo pedido por la parte actora, «no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos», una medida que ya se encuentra firme.

El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total, en cinco días, a la cautelar firme que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Si no lo hace, enfrentará astreintes diarias. Universidades y gremios estiman una deuda salarial del 31,2%.

El conflicto judicial arrastra meses. La cautelar original se dictó en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas casas de estudio. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la confirmó, y el 25 de junio la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado, dejando la orden con plena vigencia mientras se discute el fondo del litigio.

En el centro de la controversia está el decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo promulgó la norma pero subordinó su ejecución a la determinación de fuentes de financiamiento. Las universidades sostienen que, tras el rechazo legislativo al veto, no caben variantes suspensivas: la ley debe aplicarse. El juez, al intimar ahora, se alineó con ese reclamo de ejecución efectiva.

El Gobierno había intentado levantar la cautelar apoyándose en el acta firmada el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y gremios docentes y no docentes. Ese acuerdo contempló un incremento de la masa salarial cercano al 24%, suba de gastos de funcionamiento y ampliación de partidas para hospitales universitarios, además de una actualización de las Becas Manuel Belgrano. Para el Ejecutivo, eso satisfacía «en lo sustancial» los artículos 5 y 6. Cormick rechazó ese planteo a principios de septiembre: consideró que no se había demostrado un impacto positivo suficiente ni una definición final sobre el deterioro de ingresos del colectivo afectado.

La tensión paritaria agrava el cuadro. El 17 de septiembre fracasó la ronda en el Palacio Pizzurno: la Secretaría de Educación ofreció 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta idéntica a la de comienzos de mes y rechazada de forma unánime por los sindicatos. Universidades y gremios estiman que la deuda salarial pendiente ronda el 31,2% respecto de lo que marca la cautelar.

En ese marco, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) sostienen un paro escalonado de 23 días que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre. El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, insistió en que «en democracia la ley se cumple» y recordó el aval de la Corte. Desde FEDUN, Daniel Ricci subrayó que Legislativo y Judicial ya dijeron que hay que aplicar la norma, y cuestionó que el Ejecutivo se niegue a ejecutar lo convalidado por los otros dos poderes.

Como punto de confluencia del plan de lucha, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año. El plazo de cinco días fijado por Cormick coloca al Gobierno ante una encrucijada concreta: ejecutar la cautelar —con el costo fiscal que implica para salarios y becas— o enfrentar multas diarias y un conflicto que ya combina paro, movilización y un expediente judicial firme.

La intimación no resuelve aún la cuestión de fondo sobre la validez del decreto que condicionó la ley. Pero sí endurece el reloj: el Estado nacional tiene cinco días para demostrar cumplimiento efectivo, bajo apercibimiento expreso de astreintes. Para las universidades, es el paso que venían reclamando hace semanas. Para la Casa Rosada, es otro test de si puede seguir diluyendo una orden que la Cámara y la Corte ya dejaron en pie.