La Corte tiene frenado el remate de 111 bienes por el decomiso de Vialidad

El decomiso ordenado en la causa Vialidad —la sanción patrimonial que acompaña la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados— sigue sin poder ejecutarse sobre el listado principal de inmuebles. La llave está en la Corte Suprema: desde fines de mayo tramitan recursos de queja contra la decisión que habilitaría el remate de 111 propiedades. Mientras ese trámite no se resuelva, el Tribunal Oral Federal 2 no puede avanzar con el cambio de titularidad ni con la subasta.

La magnitud del reclamo es conocida. El monto solidario quedó fijado en $684.990.350.139,86 tras la actualización por Índice de Precios al Consumidor que el propio máximo tribunal convalidó en julio, al desestimar las quejas sobre el método de cálculo. Esa cifra —equivalente a unos 645 millones de dólares al tipo de cambio de referencia de la discusión— es la deuda que, en teoría, deben afrontar en conjunto la expresidenta, Lázaro Báez y los demás condenados. Lo que falta no es el número: es destrabar qué bienes se usan para pagarlo.

Desde mayo, el máximo tribunal debe resolver las quejas que traban la ejecución patrimonial del decomiso solidario por casi $685.000 millones. El monto ya quedó firme; faltan definir qué inmuebles van a remate.

Qué hay en juego en la primera tanda

En noviembre de 2025 el Tribunal Oral Federal 2 ordenó decomisar 111 inmuebles. El grueso —84— está vinculado a Báez; uno figura a nombre de Cristina Kirchner; 19 fueron recibidos a título gratuito por Máximo y Florencia Kirchner; el resto corresponde a sociedades vinculadas a la trama de obra pública vial. Casación confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible el recurso extraordinario. Las defensas fueron en queja a la Corte. No hay plazo legal para que el tribunal se pronuncie.

El argumento central de las defensas de los hijos es que no fueron condenados en Vialidad y que, por lo tanto, sus bienes heredados no deberían alcanzar al decomiso. El Tribunal Oral y Casación —en voto dividido— rechazaron esa lectura: entendieron que los fondos eran parte del objeto del delito, aunque hubieran pasado a los herederos después. En Casación, la mayoría la conformaron Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña; Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y sostuvo que debía habilitarse la revisión respecto de algunos inmuebles adquiridos antes de 2004. Ese voto es hoy el principal ancla de las quejas ante la Corte.

Segunda tanda y embargos preventivos

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsan un segundo decomiso más amplio: 141 inmuebles, 46 automotores y más de 5,6 millones de dólares en efectivo vinculados a cajas de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, además de sumas menores en pesos. Sobre esa segunda tanda todavía faltan medidas de prueba y el debate formal entre fiscalía y defensas. Para evitar que el patrimonio se disperse, el tribunal ya dispuso embargos preventivos sobre bienes de Los Sauces y Hotesur —incluido el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria— y sobre activos de Báez y otras firmas en la Ciudad, Santa Cruz y Chubut. En septiembre, Casación rechazó intentos de Máximo y Florencia Kirchner de levantar esos embargos.

Lo que falta después de la Corte

Incluso si el máximo tribunal desestima las quejas, el remate no sería inmediato. Antes deben concluir las tasaciones del Cuerpo de Peritos y responderse una consulta del Tribunal Oral a la Corte sobre qué propiedades, de acuerdo con la Acordada 22/2025, el Poder Judicial podría incorporar para uso propio. Recién entonces se habilitaría la plataforma de subastas online prevista para el resto de los bienes. En el expediente también siguen abiertas otras disputas de ejecución, incluida la revisión del régimen de tobillera y visitas en el domicilio de Constitución.

La foto del momento es clara: la condena es cosa juzgada, el monto del decomiso está firme y una parte del patrimonio ya está cautelado. El cuello de botella es político-judicial en el sentido estricto del término: un pack de quejas que, cuatro meses después, aún no tiene respuesta en la Corte y que mantiene en suspenso el remate de la primera tanda de 111 inmuebles.