La Corte habilita otra vez la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, en los hechos, volvió a habilitar la compra de campos por parte de extranjeros sin los topes que fijaba la norma de 2011. El máximo tribunal no se metió en si el decreto es constitucional o no: dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar el amparo y que no había un caso judicial en los términos de la Constitución.

La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con ese argumento de forma, la Corte dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el megadecreto con el que el Gobierno de Javier Milei derogó la ley 26.737 apenas asumió. Ese artículo vuelve a operar. Los límites del 15% de superficie rural en manos extranjeras, y los cupos por nacionalidad y por titular, quedan otra vez fuera de juego.

El máximo tribunal revocó el freno a la derogación de la Ley de Tierras Rurales por falta de legitimación del CECIM; la oposición pide sesión especial y habla de fallo vergonzoso.

El Gobierno celebra el resultado como un desbloqueo para inversiones. La oposición lo lee como un atajo judicial después de que el Congreso —y las calles— le cortaran el camino político. Menos de dos meses atrás, el oficialismo tuvo que sacar del paquete de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que flexibilizaba o eliminaba esos techos: primero apuntó a borrar todo límite; después ofreció subir el techo al 25%; no cerró los votos y retiró el capítulo. Ahora el máximo tribunal reabre la puerta por otra vía.

La Corte fue explícita: el pronunciamiento no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 ni interfiere en el control que el Congreso puede ejercer sobre un DNU. En la práctica, sin embargo, el freno cautelar desapareció. Quien quiera comprar tierra rural como persona física o empresa extranjera ya no enfrenta, por ahora, el régimen restrictivo que la Cámara platense había sostenido.

Las reacciones opositoras no tardaron. Diputados de distintos bloques calificaron el fallo de “vergonzoso” y “escandaloso”. Esteban Paulón pidió sesión especial para derogar el DNU 70/23. Nicolás del Caño habló de una institución “monárquica” de tres jueces que revierte lo ganado en las calles el 6 de agosto. Martín Soria acusó a la Corte de hacer lo que el Gobierno no pudo en el Congreso. Maximiliano Ferraro contrapuso el discurso de “soberanía nacional” con la extranjerización de tierra estratégica. Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Gabriela Estévez y Juan Grabois insistieron en que el Senado ya había marcado rechazo parcial al decreto y que Diputados debe actuar.

El CECIM había argumentado que la extranjerización de la tierra pone en crisis la integridad territorial y la soberanía, y que su estatuto lo habilita a defender derechos en el Atlántico Sur y Malvinas. La Cámara Federal de La Plata le había reconocido legitimación colectiva. La Corte cortó ese hilo: sin derecho de incidencia colectiva configurado, no hay controversia judicial. Para los excombatientes, el mensaje político es duro: los mandaron a Malvinas a defender la soberanía y ahora les dicen que no están legitimados para reclamar por ella ante la Justicia.

Los números del debate no son abstractos. El Observatorio de Tierras estima más de 13 millones de hectáreas rurales ya en manos extranjeras. Durante esta gestión, el Ministerio de Justicia informó 111 operaciones autorizadas de compra por extranjeros. El oficialismo sostiene que las restricciones ahuyentan capital. Los críticos responden que agua, bosques, minerales y franjas de frontera no son un commodity cualquiera.

Queda abierta la pelea institucional. La oposición empuja sesión especial y mecanismos legislativos para volver a poner límites. El Ejecutivo, en paralelo, vende en el exterior un país abierto a la inversión mientras Abdala cubre la acefalía por el viaje a París. El fallo no cierra el fondo constitucional: deja un vacío de límites y una pelea política que se muda otra vez al Congreso y a la calle.