Denunciaron penalmente a Caputo, Bausili y Curuchet por las operaciones con el oro del Banco Central

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal ante la Justicia federal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, por las operaciones con derivados financieros respaldadas en el oro de las reservas internacionales.

La presentación toma como punto de partida el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del BCRA de 2025, que registró un resultado negativo de USD 1.023 millones en esas operaciones: USD 960,2 millones por opciones financieras y USD 62,8 millones por el pago de primas.

El abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Justicia federal al ministro Luis Caputo, al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y al superintendente Juan Ernesto Curuchet por las operaciones con derivados respaldadas en el oro de las reservas. La causa quedó en el juzgado de Ariel Lijo, el juez todavía no tomó medidas y el Banco Central sostiene que fueron coberturas que, junto con el oro, dejaron una ganancia neta.

Se trata, por ahora, de la presentación de una sola parte. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía Federal 11, que encabeza Gerardo Pollicita. El juez todavía no tomó ninguna medida y los denunciados no están imputados.

Qué delitos señala la denuncia

Dalbón pide que se investigue a los tres funcionarios por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

"1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra", sostiene el escrito. "La gravedad y magnitud de los hechos denunciados exigen una investigación rápida, profunda e independiente", agregó el abogado.

Según la denuncia, la Justicia deberá determinar quién decidió las operaciones, quién las autorizó y quién las diseñó, con qué contrapartes se hicieron, cuál fue su justificación económica, qué riesgos se asumieron, qué controles existieron y si de esas decisiones derivó un perjuicio patrimonial para el Estado.

El propio escrito aclara el alcance de la acusación: "No prejuzgamos responsabilidades: las responsabilidades las determinará la Justicia".

La ampliación del martes

Esta primera presentación busca radicar formalmente la denuncia e identificar al juzgado y la fiscalía que intervendrán. El martes 13 de octubre, después del feriado del lunes, Dalbón ampliará la denuncia con nueva información y documentación, y pedirá las declaraciones indagatorias que considere que correspondan.

También anticipó que solicitará medidas urgentes para preservar la prueba, entre ellas allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos, peritajes contables y financieros y levantamiento de secretos. Si los elementos incorporados permiten acreditar los presupuestos legales, adelantó que pedirá además medidas de coerción personal y patrimonial.

La posición del Banco Central

El BCRA rechazó la lectura que se hizo del informe de la auditoría y la atribuyó a fines "puramente políticos". La entidad sostiene que las operaciones fueron coberturas: explicó que cubre el 100% de su posición en oro para proteger las reservas ante una eventual caída del precio y que, si se suman el metal y los derivados, el resultado fue una ganancia neta de USD 2.505 millones.

"Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo", señaló el Central, que agregó que en los años de suba del oro esas coberturas suelen dar pérdidas y que "la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta".

La autoridad monetaria afirmó además que este tipo de operaciones es habitual desde 2007 y que "una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez".

El informe de la AGN, por su parte, emitió un dictamen favorable sobre los estados contables del BCRA, con disidencias parciales de tres auditores. La discusión de fondo, sobre si hubo o no un perjuicio para el Estado, queda ahora en manos de la Justicia, que deberá decidir cómo avanza con la denuncia.