El Gobierno arma un comando de fuerzas federales para vaciar Devoto y mudar a sus presos a Marcos Paz

La mudanza de la cárcel de Devoto dejó de ser una promesa de calendario y pasó a tener estructura propia. Por la Resolución 1018/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dentro de él un comando específico para planificar, coordinar y ejecutar el traslado de todas las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires hacia el nuevo complejo levantado en el partido bonaerense de Marcos Paz.

El organismo se llamará Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empieza a funcionar desde la entrada en vigencia de la norma. Lo que no aparece en el texto es una fecha: la resolución arma el dispositivo, pero deja en manos del propio comando la elaboración del plan operativo.

Por la Resolución 1018/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó una estructura específica, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, para planificar y custodiar el traslado de todos los internos del penal de Villa Devoto al nuevo complejo de Marcos Paz. La norma no fija fecha.

Quiénes custodian la mudanza

La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que podrá designar al personal que considere necesario. A su lado se sentarán representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, de las subsecretarías de Despliegue Territorial y de Asuntos Penitenciarios, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de otros organismos nacionales que se sumen. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires fueron invitadas a designar representantes "con capacidad de decisión operativa".

Los fundamentos explican por qué el Gobierno eligió un esquema interfuerzas y no un operativo penitenciario de rutina: "por la magnitud y complejidad de los traslados", dice la resolución, hace falta asegurar las condiciones de seguridad, el orden público y la protección perimetral y vial mientras dure el proceso. Entre los objetivos fijados figuran resguardar a la población civil, al personal penitenciario y a las autoridades que intervengan; proteger los dos complejos, los corredores viales y los puntos estratégicos del recorrido; prevenir delitos federales y montar mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante incidentes. El plan deberá contemplar en especial "el perfil criminológico" de la población que será trasladada.

Un convenio de 2018

La decisión ejecuta un acuerdo con casi ocho años de antigüedad. El convenio marco firmado en marzo de 2018 previó construir un nuevo establecimiento federal en Marcos Paz y, después, desocupar el penal porteño: trasladar a la totalidad de los internos y el equipamiento y cerrar el edificio de Villa Devoto. Esas facultades eran originalmente del Ministerio de Justicia, pero pasaron a la órbita de Seguridad cuando el Decreto 8/24 le transfirió la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y la conducción del Servicio Penitenciario Federal.

El nuevo complejo bonaerense tendrá capacidad para unos 2200 detenidos. Se calcula que alrededor de 1500 lugares serán para quienes hoy están alojados en Devoto y los 700 restantes, para personas que permanecen en comisarías porteñas, uno de los cuellos de botella crónicos del sistema en la Ciudad.

A fines de septiembre, Monteoliva ya había anticipado que la mudanza arrancaría en el último trimestre del año y de manera escalonada. "La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro", había advertido entonces, sin comprometer un día de inicio.

Qué pasa con el predio

Una vez vaciado, el terreno de Villa Devoto será urbanizado. La normativa que regula su futuro exige espacios verdes y un sitio de memoria por la masacre del Pabellón 7, el incendio de 1978 en el que murieron 65 presos.

En paralelo, la Ciudad prepara su propio esquema para descomprimir las comisarías: en enero empezaría a funcionar la Alcaldía General, con lugar para 400 detenidos, áreas de estudio y trabajo y salas de audiencia para que jueces y fiscales no tengan que trasladar a los internos a tribunales. La Legislatura porteña, además, creó en noviembre de 2025 por la Ley 6923 el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad.

Con el comando ya constituido, la cuenta regresiva para el penal más emblemático de la Capital depende ahora de un plan operativo que todavía no tiene fecha pública.