Diputados abre el debate de la ley de soberanía por Malvinas

La Cámara de Diputados puso en marcha este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Un plenario conjunto de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto —presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán— abrió la primera audiencia informativa con funcionarios del Ejecutivo. El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado: apunta a un segundo encuentro el martes 6 de octubre para intentar emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto en la misma quincena de octubre.

El núcleo que concentra más apoyo entre los bloques es el capítulo I. El texto propone reemplazar el régimen de la Ley 26.659, centrado desde 2011 en hidrocarburos, y ampliar las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales —renovables y no renovables— en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina. Incluye pesca, turismo, minerales e hidrocarburos. También crea un Registro Público de Infractores con impacto sobre contrataciones estatales y la posibilidad de operar en el país.

Un plenario de tres comisiones arrancó el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: endurece sanciones por operar en Malvinas, crea un Consejo de Seguridad y genera alertas opositoras por infraestructuras críticas y facultades de emergencia.

El capítulo penal es el otro eje duro. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas, y alcanza a quienes colaboren con esas operaciones. Incorpora, además, la posibilidad de juicios en ausencia cuando los acusados estén fuera del territorio argentino. Ese endurecimiento se encadena con la ofensiva diplomática y judicial abierta tras el anuncio, en diciembre de 2025, del plan de desarrollo del yacimiento Sea Lion por parte de petroleras que operan en las islas.

Más allá de Malvinas, el paquete se lee como una ley ómnibus de seguridad: ocho capítulos y 133 artículos que pasan de la soberanía insular a un nuevo Sistema de Seguridad Nacional. La pieza más sensible es la creación de un Consejo de Seguridad presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Ese cuerpo definiría la Política de Seguridad Nacional y coordinaría respuestas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

La oposición dura ya marcó el terreno. Desde el peronismo, con voces como la de Agustín Rossi, anticiparon rechazo al Consejo de Seguridad “al estilo estadounidense” y a su integración. También genera alerta el régimen de infraestructuras críticas —instalaciones, redes y activos cuya interrupción afecte seguridad, defensa, salud, economía o el funcionamiento del Estado— y la habilitación de intervención militar para protegerlas, punto que varios diputados consideran en tensión con la ley de Seguridad Interior. Otro foco de tensión es la reforma del Código Penal con penas de 5 a 12 años por interferencia extranjera en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación.

Ante amenazas calificadas como graves e inminentes, el esquema propuesto contempla medidas de emergencia sobre operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior. Críticos opositores señalan que la definición de “amenaza” y el rol de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia en el ámbito interior concentran las mayores objeciones, aun cuando hay coincidencia en endurecer el reclamo soberano sobre las islas.

El debate arranca el mismo día en que la oposición busca forzar una sesión especial contra el DNU 70/23 tras el fallo de la Corte sobre tierras rurales. Diputados radicales y de otros bloques opositores contrastaron la bandera malvinera del oficialismo con la agenda de soberanía territorial continental. El oficialismo, en tanto, confía en reunir los votos para el dictamen y apuesta a que el consenso sobre Malvinas arrastre el resto del paquete. La primera audiencia es solo el arranque: la pelea por el texto fino —y por qué capítulos llegan al recinto— recién empieza.