Diputados pone fecha a la ley de Malvinas: dictamen el 6 y recinto el 7 de octubre

La Cámara de Diputados arranca esta semana el tratamiento formal de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre y que el presidente había anunciado por cadena nacional el 3 del mismo mes. El primer paso es un plenario informativo de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, citado para el miércoles a las 12. Las tres están presididas por legisladores oficialistas: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.

El calendario que maneja el oficialismo es ajustado. Tras esa reunión, la hoja de ruta prevé firmar dictámenes el martes 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente, el miércoles 7. En esa misma sesión podrían sumarse iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento, dos temas que la oposición empujó en las últimas semanas y que el oficialismo aceptó meter en la agenda para no perder control del cronograma.

El oficialismo convocó para el miércoles el plenario de comisiones sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Busca dictamen el 6 de octubre y sesión el 7, antes de abrir el debate del Presupuesto 2027.

El corazón público del proyecto es Malvinas. El texto propone reemplazar el régimen de la Ley 26.659 —hasta ahora concentrado sobre todo en hidrocarburos— y ampliar las sanciones a quien realice actividades vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales. Las multas se calculan en equivalentes de barriles de petróleo, con escalas que van desde miles hasta cientos de miles de barriles, y se contemplan suspensiones, cancelaciones de habilitaciones e inhabilitaciones de entre cinco y veinte años. En el plano penal, algunas conductas llegan a escalas de hasta veinte años de prisión, y el proyecto habilita juicios en ausencia y un régimen de desistimiento para quienes abandonen las actividades prohibidas.

Pero el articulado es mucho más amplio que el reclamo soberano. De los 133 artículos, una porción sustancial —según lecturas opositoras, cerca de dos tercios— apunta a crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con funciones de coordinación en defensa, diplomacia, economía, inteligencia e infraestructuras críticas. También introduce nuevas figuras penales. Una de las más cuestionadas prevé penas de cinco a doce años para quien, por cuenta de un Estado u organización extranjera, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Legisladores de la oposición advierten que esa redacción podría usarse contra la prensa y la sociedad civil; el oficialismo la presenta como herramienta frente a injerencias externas.

La prioridad política es clara: obtener media sanción de la ley de soberanía antes de abrir de lleno el debate del Presupuesto 2027. Para la llamada “ley de leyes”, la comisión de Presupuesto y Hacienda —presidida por Bertie Benegas Lynch— programa reuniones informativas los días 13, 14, 20, 21 y 27 de octubre, dictamen el 28 y una posible sesión de media sanción el miércoles 4 de noviembre. Si se cumple ese esquema, el Senado tendría tres semanas del período ordinario para tratarlo.

En paralelo, en la Cámara alta la reforma electoral —en especial la eliminación o suspensión de las PASO de cara a 2027— sigue sin reunir los apoyos necesarios. Aliados del oficialismo mantienen reservas y la Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre los tiempos: los cambios electorales suelen resolverse en años pares. Esa demora deja al Ejecutivo con una doble pista: acelerar en Diputados lo que puede cerrar en el corto plazo —Malvinas, discapacidad, y después el presupuesto— mientras la pelea electoral permanece trabada.

El miércoles, entonces, no es solo el inicio de un debate simbólico sobre las islas. Es la primera prueba concreta de si el oficialismo puede convertir el consenso transversal que suele rodear a Malvinas en votos suficientes para un paquete que mezcla soberanía, seguridad nacional y nuevas tipificaciones penales. Del resultado de ese plenario y del dictamen del 6 de octubre dependerá si el 7 el recinto confirma el calendario o si la oposición logra abrir el articulado y forzar renegociaciones antes de que empiece, en octubre, la discusión fiscal del año próximo.