Los docentes universitarios paran el 30 y condicionan el cese a un 33,4%

Los gremios docentes de las universidades nacionales convocaron un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre. La medida, resuelta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales en un plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial que los sindicatos estiman pendiente en torno al 31%. Solo se levantará si, antes del martes 29, el Ejecutivo cumple con el aumento del 33,4% contemplado en la norma.

La convocatoria se enmarca en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. CONADU buscará coordinar el cese de actividades con CONADU Histórica y anticipó acciones de visibilización en los días previos a la movilización. La última oferta oficial en la paritaria fue una suba del 3%, rechazada por los gremios. Ese desacuerdo empujó tanto el paro de fin de mes como la fecha de la marcha federal.

CONADU convocó un paro de 48 a 72 horas desde el 30 de septiembre. Solo se levanta si el Gobierno aplica antes del martes 29 el aumento del 33,4% de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo avanza la quinta Marcha Federal del 15 de octubre.

El conflicto tiene además un capítulo judicial abierto. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado fijó un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora. Cormick había dictado esa cautelar en diciembre de 2025; la Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema la dejó firme el 25 de junio.

Desde la Casa Rosada anunciaron que apelarán la nueva intimación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó documentación ante la Justicia para acreditarlo. La apelación, sin embargo, no reabre la discusión sobre la cautelar original, que quedó firme. Los artículos en disputa abarcan la recomposición de salarios docentes y no docentes, y la actualización de los programas de becas estudiantiles.

La trayectoria de la ley explica parte de la tensión. El Congreso la sancionó en 2025 y el presidente Javier Milei la vetó. El Parlamento insistió con los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra. El Gobierno promulgó la norma, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a demandar y obtener la cautelar vigente.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la defensa de la acción colectiva. En el plenario, planteó que “lo colectivo está bajo asedio” y que la unidad funciona como antídoto frente a “la fragmentación e individualismo” que atribuye a la política oficial. La federación también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial.

El 15 de octubre concentrará el reclamo en las calles. CONADU afirma que la quinta Marcha Federal deberá exponer la situación del sistema universitario no solo por el incumplimiento de la ley, sino también por lo que supone el proyecto de Presupuesto 2027. En paralelo, el oficialismo intenta ordenar su agenda legislativa de octubre —Discapacidad, Malvinas, Carta Orgánica del Banco Central y el propio Presupuesto— mientras la oposición aprieta con endeudamiento y mora. El paro universitario suma un frente social concreto a esa pelea de números en el Congreso.

Queda una ventana corta. Si el Ejecutivo aplica el 33,4% antes del martes 29, el cese de actividades del 30 podría suspenderse. Si no, las universidades nacionales entrarán en una semana de conflicto que se prolongará, con paros y agite, hasta la marcha del 15 de octubre. El reloj judicial de cinco días y el reloj sindical del 29 corren en paralelo: ambos miden si la Casa Rosada está dispuesta a ejecutar una ley que el Congreso insistió dos veces y que la Corte ya dejó firme.