EE.UU. habilita embargos por US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas

La Justicia de Estados Unidos dio un paso decisivo en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas: la jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar la búsqueda de activos y los pedidos de embargo contra el Estado argentino. La medida, fechada el viernes 25 y publicada este domingo, habilita a los demandantes a avanzar desde el lunes 28 de septiembre.

El reclamo alcanza unos US$390,9 millones —US$390.907.155,55 al 10 de diciembre de 2024— más intereses posteriores. Es el monto que la justicia estadounidense reconoció a partir del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial que en 2017 condenó a la Argentina por la estatización de Aerolíneas y Austral dispuesta en 2008.

La jueza Jia Cobb autorizó a Titan Consortium a buscar activos argentinos desde el lunes 28. El reclamo arrastra el laudo del CIADI por la estatización de 2008 y suma casi US$391 millones con intereses.

En el documento que sustenta la orden, Cobb argumentó que ya transcurrió un plazo prudencial desde la sentencia de pago y que “en los veintiún meses transcurridos desde entonces, al parecer Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia”. Esa frase concentra el núcleo político del fallo: el tribunal considera agotada la espera y abre la vía ejecutiva.

El caso tiene una genealogía larga. El reclamo ante el CIADI comenzó con el grupo español Marsans, que controlaba la aerolínea cuando el Estado la expropió. Los derechos pasaron luego a Burford Capital —el mismo actor que litigó por YPF— y, desde 2021, quedaron en manos de Titan Consortium, que persigue el cobro en tribunales estadounidenses. El laudo arbitral quedó firme en 2019 tras el rechazo del pedido de anulación argentino; el CIADI, sin embargo, no ejecuta por sí mismo sus sentencias, de modo que los demandantes debieron obtener el reconocimiento judicial en Washington.

Ese reconocimiento llegó en diciembre de 2024. Argentina apeló en 2025 invocando un plazo de prescripción de tres años frente al de doce que había fijado la primera instancia. El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó que rige el plazo de doce años y mantuvo el monto ejecutable. Con esa apelación cerrada, Cobb habilita ahora la fase de búsqueda de activos comerciales argentinos en el exterior.

Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, Titan tiene el caso registrado en Columbia y Nueva York, pero los pedidos de embargo no están limitados a esos distritos: pueden presentarse en cualquier jurisdicción de Estados Unidos. Eso amplía el mapa de riesgo para cuentas, bienes o ingresos del Estado sujetos a jurisdicción estadounidense.

El frente externo no se agota en Aerolíneas. En el Presupuesto 2027 enviado a Diputados, el Gobierno prevé destinar unos US$1.100 millones para cancelar pagos de casos ante el CIADI. En paralelo, el país enfrenta otros litigios millonarios: el reclamo de Burford por YPF —ahora también en la vía arbitral—, Webuild por contratos de infraestructura (unos US$127 millones), Saur International (unos US$72 millones) y el diferendo por cupones ligados al PBI en tribunales británicos, que ya supera los US$1.800 millones con intereses.

Para el Ejecutivo, el calendario aprieta. A partir del lunes, Titan puede formalizar embargos mientras el Congreso discute el Presupuesto y el riesgo país sigue sensible a cualquier señal de litigio externo. Para los acreedores, la orden de Cobb cierra una etapa de espera y abre otra de presión concreta sobre activos. Entre ambas lecturas queda el mismo dato duro: casi dieciocho años después de la expropiación, el laudo sigue impago y la vía judicial estadounidense acaba de pasar de la sentencia al embargo.

La pregunta que deja el domingo es operativa. Cuántos activos comerciales argentinos en Estados Unidos resultan embargables, con qué velocidad se ejecutan los pedidos y cómo responde la Casa Rosada —si con pago parcial, negociación o una nueva estrategia dilatoria— definirán si el fallo de Cobb es un aviso o el comienzo de un ciclo de cobro forzado. Por ahora, el reloj arranca el lunes 28.