La Policía Federal desalojó a los estudiantes que habían ingresado al Palacio Pizzurno y el Gobierno anunció una denuncia

La Policía Federal desalojó en la noche del miércoles a los estudiantes universitarios que habían ingresado al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Tras poco más de dos horas dentro del edificio, los manifestantes salieron por un pasillo que abrieron los efectivos. El Ministerio de Capital Humano calificó lo ocurrido como una “toma violenta”, habló de “daños al patrimonio público” y anunció una denuncia judicial. Según fuentes oficiales, no habría detenidos.

Sobre el final de la protesta hay relatos distintos. Según una versión, el pasillo se abrió después de que los diputados de Unión por la Patria Itai Hagman y Lucía Cámpora intentaran dialogar con el jefe del operativo para negociar una salida pacífica. Según otras versiones, el desalojo fue “de manera violenta, con gases lacrimógenos y escudos”.

La Policía Federal desalojó a los estudiantes que llevaban poco más de dos horas dentro del Palacio Pizzurno para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Capital Humano habló de una “toma violenta” y anunció una denuncia judicial, y hay versiones encontradas sobre la reunión con Torrendell. Según fuentes oficiales, no habría detenidos.

La reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, también tiene versiones encontradas. Según una de ellas, el funcionario recibió a un grupo de representantes, pero el encuentro se cortó enseguida tras un llamado del Gobierno. “Torrendell nos tomó el pelo. Se sentó y a los tres minutos lo llamó Sandra Pettovello y le dijo que se tenía que ir, que con nosotros no podía ni hablar de negociar”, contó Agostina Olivera, estudiante de Trabajo Social de la UBA. Después se presentó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Vino, grabó un reel de Instagram y nos gritó que esto era un delirio, que no podíamos estar acá y nos tenemos que ir”, relató Olivera. Otra versión sostiene que Torrendell no recibió a los estudiantes ni dio respuesta a sus reclamos.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, escribió: “Por la fuerza, nada”. En un comunicado, la cartera anunció que presentará la denuncia judicial correspondiente “a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”. Y agregó: “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”.

Un funcionario que pidió no ser identificado sostuvo que los manifestantes eran militantes de La Mella, la agrupación de Juan Grabois: “No son ‘los estudiantes’, son un grupo de la agrupación de Grabois, de la Mella. Quieren generar caos, un París. Están locos”. Los estudiantes, en cambio, remarcaron en todo momento el carácter pacífico de la medida y se presentaron como alumnos de la UBA y de las universidades nacionales de las Artes, La Plata, Quilmes y San Martín.

La protesta había empezado por la tarde como una sentada frente al edificio de Pizzurno 935 y, minutos después, los manifestantes ingresaron al hall. También sobre ese momento hay relatos distintos: algunas versiones hablan de una entrada por la fuerza, otras aseguran que fue pacífica, y testigos describieron empujones con guardias de seguridad y personal de la Policía Federal. Cerca de las 19.30 entraron efectivos federales y el desalojo se concretó pasadas las 20.

El pedido central era que Torrendell los recibiera y dijera cómo y cuándo cumpliría la ley y el aumento de las Becas Progresar. También reclamaban la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y más presupuesto para residencias y comedores universitarios. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.

El reclamo llegó un día después de que el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declarara inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley y ordenara cumplirla de inmediato. El Gobierno anunció que apelará el fallo. Más temprano, los rectores habían llevado el mismo reclamo a Plaza de Mayo.

Al retirarse, los estudiantes convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, que confluirá con los reclamos por la Ley de Tierras y por la prórroga de la emergencia en discapacidad, y pidieron que las partidas universitarias se incluyan en el Presupuesto 2027 que se debatirá en el Congreso.