El Gobierno estira hasta 2049 la concesión de 35 aeropuertos a cambio de US$600 millones

El Ejecutivo cerró este lunes la renegociación de la concesión que administra la red de 35 aeropuertos del país. El vencimiento, previsto para 2038, se estira hasta el 13 de febrero de 2049. Y hay un segundo tramo en juego: si la empresa acredita fondos y ejecuta obras, el contrato puede llegar hasta 2056. A cambio, el holding deberá poner US$600 millones adicionales —IVA incluido— en infraestructura.

La decisión administrativa se publicó en el Boletín Oficial y corona semanas de idas y vueltas con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la Secretaría de Transporte. La compañía, del grupo Corporación América Airports y propiedad de Eduardo Eurnekian, opera esa red desde 1998. En la Casa Rosada presentaron el resultado como una “álgida renegociación” que privilegió alargar plazos antes que subir tarifas o achicar obras.

El Ejecutivo oficializó la prórroga de la concesión aeroportuaria hasta febrero de 2049, con opción a 2056 si la empresa acredita US$600 millones y ejecuta el 75% de las obras antes de 2031. Milei se excusó por su vínculo previo con el holding.

Once años seguros, siete condicionados

La arquitectura del acuerdo es de dos pisos. El primero agrega once años al contrato vigente y busca recomponer el equilibrio económico-financiero, golpeado por la pandemia y por las proyecciones usadas en la prórroga de 2020. El segundo suma siete años más, pensados para amortizar la inversión directa adicional. Ese tramo no es automático.

Antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá presentar un informe de una firma internacional de auditoría que acredite la disponibilidad de los US$600 millones. Después, el 75% de esas obras tiene que estar terminado antes del 31 de diciembre de 2031. Solo si se cumplen ambas condiciones el reloj corre hasta 2056. El comunicado oficial no detalló qué terminales recibirán el dinero ni cómo se repartirá entre proyectos.

Rentabilidad, RIGI y demanda judicial

Otro nudo fue la tasa interna de retorno de referencia. El Gobierno fijó 14,3% y aclaró que no es una rentabilidad garantizada ni una obligación de compensar a la empresa si no la alcanza. Según la versión oficial, la compañía apuntaba a algo cercano al 17%, atado al riesgo país y exigible al Estado. Ese esquema no prosperó.

Tampoco entró el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La firma había pedido que las obras adicionales tuvieran tratamiento RIGI; el Ejecutivo lo rechazó. En paralelo, el acuerdo cierra la disputa judicial: la concesionaria deberá desistir de la demanda iniciada en 2023 por la distorsión de la ecuación del contrato, y Estado y empresa —con sus accionistas— se comprometen a no hacerse nuevos reclamos por hechos anteriores al acta ni por las consecuencias de la pandemia, con una excepción acotada para ciertas revisiones de inversiones previas.

Lo que pedía la empresa y lo que quedó

La lectura oficial es que la compañía había pedido una prórroga de 40 años —30 más 10 opcionales— hasta 2078, sin un piso contractual de inversiones adicionales. El regulador recortó ese horizonte a once años firmes hasta 2049, más los siete condicionados. Un borrador anterior, trabajado en gestiones previas del organismo, contemplaba 2056 e incluso abría la puerta a 2066; la conducción actual descartó ese esquema.

El nuevo compromiso se suma al plan de unos US$606 millones asociado a la prórroga de 2020, que la empresa estaba cerca de completar. Ahora el Estado espera previsibilidad de obras ante el crecimiento proyectado del tráfico aéreo, y la firma gana horizonte para amortizar. Falta el detalle fino: el listado de proyectos, el cronograma y el control de avance que transformen el anuncio en hormigón y pistas.

Un dato político cerró el expediente. El Presidente se excusó de intervenir en el procedimiento por su vínculo profesional previo con Corporación América y dejó la competencia en manos del jefe de Gabinete. En un tablero donde cada contrato grande se lee también como señal de poder, la prórroga aeroportuaria combina plata fresca, plazos largos y un Presidente que, al menos en el papel, se corrió del escritorio.