El Gobierno cancela Atucha III y habilita un reactor privado en el mismo predio
Nucleoeléctrica dejó sin efecto los proyectos Candu y Hualong, incluida Atucha III, por falta de recursos bajo la emergencia. En el mismo acto autorizó una licitación de USD 1.203 millones por un reactor modular 100% privado sobre 12 hectáreas del predio.

La cuarta central nuclear argentina quedó oficialmente fuera de carrera. En la asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina del miércoles 23 de septiembre se firmó dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong —el segundo, Atucha III, con tecnología y financiamiento mayoritario chinos— y, en el mismo acto, se abrió la puerta a un reactor modular de capitales privados sobre el predio que estaba reservado para esa obra.
El fundamento escrito en el acta es seco: falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento, en el marco del estado de emergencia pública de la Ley 27.742. La empresa estatal concentra el 79% de su capital en la Secretaría de Energía, el 20% en la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% restante en Energía Argentina.
Nucleoeléctrica dejó sin efecto los proyectos Candu y Hualong, incluida Atucha III, por falta de recursos bajo la emergencia. En el mismo acto autorizó una licitación de USD 1.203 millones por un reactor modular 100% privado sobre 12 hectáreas del predio.
Del megaproyecto chino al SMR privado
Atucha III iba a ser la gran expansión de potencia nuclear con contrato comercial y acuerdo financiero ya negociados con China. La asamblea remite a la decisión de junio de 2021, cuando la gestión anterior encargó a Nucleoeléctrica construir ambos reactores. Ese horizonte se cortó de un plumazo.
En paralelo, los accionistas votaron una declaración de “interés empresarial” y autorizaron al directorio a aprobar pliegos y llamar a licitación pública. El pliego describe una inversión estimada de USD 1.203 millones, 100% privada, sin fondos ni avales públicos, y exige el otorgamiento de un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del predio reservado para Atucha III. También plantea que Nucleoeléctrica pueda asumir la operación y el mantenimiento de la planta.
La cifra coincide con el proyecto ACR-300 que Meitner Energy presentó en julio ante el Ministerio de Economía: un reactor modular pequeño de Generación III+, tecnología de agua a presión y unos 300 megavatios eléctricos, con patente de origen argentino y control accionario mayoritario estadounidense. El vocero presidencial ya había dicho que esa empresa se instalaría en el predio destinado a Atucha.
Quién manda en el tablero nuclear
Presidente de Nucleoeléctrica es Juan Martín Campos, ex Dioxitek, llegado tras la salida de Damián Reidel por el escándalo de gastos corporativos. El vicepresidente, Martín Porro, encabeza la CNEA en medio de despidos y demoras en el Carem. Entre los directores figura Diego Chaher, de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con mandato de privatización parcial de la misma Nucleoeléctrica. El área nuclear pasó a la Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo Federico Ramos Nápoli.
Para especialistas del sector, el paquete va más allá de un cambio de tecnología. Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía Eléctrica, lo resume así: terminan de matar Atucha 3 y en el mismo acto entregan el predio. Nicolás Malinovsky habla de un punto de inflexión que da por tierra una mirada de soberanía sostenida durante 75 años de desarrollo nuclear, en línea con acuerdos previos de transferencia tecnológica con Estados Unidos y restricciones a asociarse con ciertos países para reactores y enriquecimiento.
Tasación en cero y pelea en el Congreso
La oposición suma otro frente: denuncia que el Tribunal de Tasación fue reemplazado por el BICE para valorar empresas sujetas a privatización, y que la fórmula dejó a Nucleoeléctrica en cero. Las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni exigieron a Chaher las tasaciones —ahora confidenciales— y amenazaron con ir a la Procuración de Investigaciones Administrativas si no las entregan.
Consultados los estamentos oficiales sobre motivos y curso de la licitación, no hubo respuesta pública. Queda el hecho: el predio ya no espera una central china de gran porte; espera una licitación que, por diseño, apunta a un único oferente plausible y a un derecho real que fija hechos sobre el terreno más allá de esta gestión.

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