El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias hasta diciembre por las demoras en el Presupuesto 2027

El Gobierno evalúa prorrogar por decreto el período de sesiones ordinarias del Congreso hasta diciembre, ante la demora en la negociación del Presupuesto 2027. Según fuentes del Ejecutivo, la decisión todavía no está formalizada y no hay ningún decreto firmado, pero en la Casa Rosada consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando vence constitucionalmente el período ordinario.

La alternativa que se analiza es extender ese período en lugar de convocar a sesiones extraordinarias. Si el Presidente firmara la prórroga, sería la primera vez durante su gestión que extiende las sesiones ordinarias. En 2024 y 2025 dejó que el período regular terminara el 30 de noviembre y recurrió, cuando lo consideró necesario, a convocatorias extraordinarias.

El Gobierno analiza extender por decreto el período de sesiones ordinarias, que vence el 30 de noviembre, en lugar de convocar a extraordinarias, porque no le alcanzaría el tiempo para aprobar el Presupuesto 2027. La votación en Diputados pasaría a mediados de noviembre, después de la visita de León XIV, y sería la primera prórroga de ordinarias de Milei.

El cambio de planes se explica por el corrimiento del cronograma. La idea original del oficialismo era llevar el Presupuesto al recinto de Diputados durante la primera semana de noviembre. Ahora, según pudo saberse, en el Gobierno calculan que la votación se haría después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en una ventana que iría de mediados a la tercera semana de ese mes.

En el Congreso empezó a circular el 17 de noviembre como fecha tentativa, aunque en el Ejecutivo no la dan por cerrada. La negociación estaría todavía en una etapa inicial y el oficialismo debe resolver cambios que reclaman los bloques cuyos votos necesita para aprobar la ley de gastos.

Entre los puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionarían parte de su respaldo a modificaciones en esos capítulos. La discusión sobre Discapacidad se cruza con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo del dictamen de la ley de discapacidad y pensiones, publicado en esta nota.

En la Casa Rosada creen que el Presupuesto tiene altas chances de avanzar, pero admiten que el texto todavía no está lo suficientemente acordado como para acelerar la votación. Además, el Gobierno le asigna a la ley un valor político y financiero, como señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales. Una vez aprobado en Diputados, el proyecto todavía tendría que pasar por el Senado, lo que comprime aún más los plazos.

La diferencia entre una y otra herramienta no es menor. Las sesiones ordinarias van del 1 de marzo al 30 de noviembre y el Presidente puede prorrogarlas. Durante esa extensión, las cámaras conservan la posibilidad de tratar su propia agenda parlamentaria. En las extraordinarias, en cambio, es el Poder Ejecutivo el que define por decreto qué temas quedan habilitados. En el oficialismo preferirían esta vez mantener abierto el período ordinario porque prevén llegar a diciembre con varios expedientes en negociación al mismo tiempo.

El reordenamiento empezó con el desplazamiento de otros proyectos. La Libertad Avanza pidió una sesión en Diputados para el 21 de octubre con un temario que incluye la emergencia en discapacidad, una respuesta a la morosidad en los hogares, un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y nuevas figuras penales contra el vandalismo rural. En el oficialismo confían en que ese pedido contribuya a que se caiga por falta de quórum la sesión que la oposición convocó para el 15 de octubre, en la que buscaba avanzar contra el DNU 70/2023.

Del lado opositor, un legislador justicialista había relativizado la demora de esa convocatoria: "El interés social no se va a apagar porque la sesión sea en dos semanas".

Con ese escenario, el calendario de fin de año dependerá de cómo avancen las negociaciones de octubre y noviembre. Cuanto más se demoren los acuerdos con los gobernadores y los bloques aliados, mayor sería la extensión que necesitaría el Congreso antes del cierre del año.