Gorini pide actualizar el decomiso de Cristina: base de $86.000 millones

El juez federal Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena en la causa Vialidad, puso en marcha el mecanismo para fijar el monto definitivo del decomiso. Remitió al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema el oficio para actualizar la cifra de perjuicio económico: la base supera los 86.000 millones de pesos —exactamente 86.085.463.548,25— y alcanzó la mesa de especialistas del Máximo Tribunal.

La decisión llega después de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con la sentencia firme, el Tribunal Oral Federal 2 concentró la etapa patrimonial: cuánto deberán devolver, de forma solidaria, los nueve condenados.

El magistrado del TOF 2 envió a los peritos contables de la Corte Suprema el oficio para actualizar el monto del decomiso. La cifra base supera los 86.000 millones de pesos y alcanza a los nueve condenados.

Una cifra pensada para actualizarse

El cálculo original se remonta a la sentencia del 6 de diciembre de 2022. Entonces el tribunal estimó un daño del orden de los 84.800 millones de pesos, actualizados a esa fecha, a partir de peritajes sobre cinco obras testigo —tres de ellas sobre la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly— y de la colusión detectada en los procesos licitatorios.

Esa cifra siempre se presentó como provisoria. Los jueces usaron índices públicos del INDEC y del IPC para llevar los valores adelante, a sabiendas de que el número definitivo lo fijaría un cuerpo especializado. Ahora Gorini les pide a los peritos de la Corte —o, según fuentes judiciales, eventualmente a los tasadores— que cierren esa actualización.

Qué midió el perjuicio

Entre 2003 y 2015, el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral de Lázaro Báez. El fallo describió direccionamiento de licitaciones, simulación de competencia, canales de pago privilegiados y ausencia de controles. La Casación Federal habló de "una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país".

El decomiso se arma con dos grandes componentes cuantificados: unos 646 millones de pesos atribuidos al producto de la colusión en el conjunto de los 51 procesos licitatorios, y unos 185 millones identificados —como hipótesis de mínima— por sobreprecios en las obras peritadas. A eso se sumaron otros indicadores de sobrecosto que el tribunal no pudo traducir íntegramente a pesos, pero que sirvieron para dimensionar la extensión del daño.

Diez días y, si no, ejecución

Cuando el monto actualizado quede oficializado y notificado a las partes, Gorini emplazará a los nueve condenados a depositar la suma en un plazo de diez días hábiles. Si incumplen, se ejecutará sobre los bienes registrados a nombre de cada uno. En la lista figuran, además de Cristina Kirchner y Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el resto de los condenados.

En paralelo, el fiscal Diego Luciani presentó un informe patrimonial de unas 40 páginas con propiedades y empresas de los imputados. Según ese relevamiento, Kirchner y Báez concentran el mayor volumen de activos. El decomiso, en la lectura del tribunal, busca recuperar parte de los fondos sustraídos y no queda reducido a una sanción simbólica.

Qué cambia ahora

El oficio a la Corte marca el paso de la condena firme a la ejecución patrimonial concreta. Durante semanas hubo planteos de familiares para frenar o suspender el decomiso; el eje del expediente, sin embargo, se desplazó hacia la actualización del número y el inventario de bienes disponibles.

Para el oficialismo judicial del caso, el mensaje es de continuidad: la pena no se agota en la domiciliaria. Para la defensa, el frente se concentra en disputar montos, valuaciones y el alcance solidario de la deuda. En cualquier escenario, la cifra que fijen los peritos será el umbral a partir del cual el Estado intentará cobrar —o embargar— lo que el fallo consideró producto de una maniobra de corrupción de escala inédita.