Jorge Macri manda a la Legislatura un nuevo Código Contravencional: más de $7 millones por manejar alcoholizado y sanciones desde los 14 años

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura un proyecto que reforma de manera integral el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12). Entre los cambios más fuertes aparecen multas de más de $7 millones para quien maneje alcoholizado, hasta 90 días de arresto para los trapitos reincidentes y un régimen propio para adolescentes desde los 14 años.

Las contravenciones son conductas que alteran la convivencia urbana sin llegar a ser delitos, y se sancionan con multas, trabajos de utilidad pública o arresto. El proyecto endurece esas tres herramientas en la mayoría de las faltas vigentes.

El jefe de Gobierno porteño envió un proyecto que reforma de manera integral el régimen de faltas de la Ciudad. Prevé multas de más de $7 millones por manejar alcoholizado, hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes y un régimen propio para adolescentes de 14 a 17 años.

El cambio más visible es el del alcohol al volante. Hoy la multa va de 300 a 2.000 unidades fijas (UF), entre $351.924 y $2.346.160, con 1 a 10 días de arresto. Con la reforma pasaría a un rango de 1.000 a 6.000 UF, con un techo de $7.038.480; el arresto iría de 5 a 30 días y la inhabilitación de la licencia, de 6 meses a 4 años.

Para los manteros y otras actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, la multa máxima trepa a 50.000 UF, unos $58.654.000. El tope actual no llega a $15 millones.

En materia de reincidencia, la pena aumentaría un 50% en la primera, un 66,6% en la segunda y un 100% en la tercera. Los trapitos reincidentes pasarían de 60 a 90 días de arresto, y los reincidentes en general perderían el arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas. Para seguir esos casos se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

El texto incorpora faltas nuevas: el acoso y el acecho en la vía pública, la obtención de claves, códigos o tokens mediante engaños digitales, la venta de datos personales, la organización de compraventa informal masiva y la portación de dispositivos que interfieren señales. Llevar materiales para provocar disturbios, como bombas molotov, se castigaría con multas de hasta $9.384.640 o hasta 45 días de arresto. Entorpecer las cámaras de videovigilancia costaría hasta $4.692.320 o 30 días de arresto.

Para los ruidos molestos, las tareas comunitarias pasarían de 1 a 5 días a un rango de 3 a 15, la multa máxima subiría de 100 a 600 UF ($703.848) y se sumaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.

En el procedimiento, la reforma elimina la condena en suspenso y, para los adultos, la suspensión del proceso a prueba como salida alternativa.

El capítulo más novedoso es el de los adolescentes de 14 a 17 años. Pasarían a responder por sus contravenciones bajo un régimen distinto del de los adultos: no podrán ser detenidos, tendrán defensa especializada y las medidas previstas son la amonestación formal, los programas educativos y las tareas comunitarias acordes a la edad. El cambio adapta la normativa porteña a la nueva Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, vigente desde el mes pasado.

“No hay ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla ante las mafias y los violentos”, afirmó Macri. “Con este nuevo código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”, agregó.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, lo planteó en X: “Buscamos sancionar el phishing, los deepfakes y el acecho, y que quienes tienen entre 14 y 17 años respondan por sus contravenciones. No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias”.

No es el primer endurecimiento del año. En junio, la Legislatura ya había aprobado una reforma impulsada por el oficialismo porteño junto con La Libertad Avanza que subió las penas para trapitos y limpiavidrios. Salió con 36 votos a favor y 18 en contra.

Ahora el proyecto deberá debatirse en la Legislatura, que definirá el alcance final de los cambios.