La Justicia rechazó el pedido urgente de Pichetto y Massot para frenar la venta de tierras a extranjeros

La pelea por la Ley de Tierras sumó este lunes un revés judicial para la oposición. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado N° 1, rechazó la medida interina urgente que habían pedido los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender de inmediato el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737 y dejó sin límites la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El magistrado entendió que los legisladores de Encuentro Federal no demostraron la urgencia que invocaban. "Contrariamente a lo alegado por la accionante, no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento", escribió, en referencia a los requisitos del Código Procesal y de la Ley 26.854.

El juez Enrique Alonso Regueira negó la medida interina para suspender el artículo 154 del DNU 70/2023 y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar. Pichetto habló de "gravedad institucional" y este martes las CTA y ATE marchan a Tribunales.

Cinco días para el Gobierno

La resolución no cierra el expediente. Lo que cayó fue el pedido de suspensión inmediata; la cautelar de fondo sigue en trámite. Antes de resolverla, Alonso Regueira le dio al Poder Ejecutivo cinco días hábiles para presentar un informe detallado sobre la demanda y acompañar las actuaciones administrativas. Los diputados habían reclamado que ese plazo se acortara a dos días.

Además de la suspensión, la presentación pedía, como alternativa, preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar la información sobre las adquisiciones hechas por extranjeros y dar publicidad a la existencia del juicio.

"Gravedad institucional"

Pichetto salió rápido a cuestionar el fallo. "Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe", escribió en sus redes. Habló de "gravedad institucional" y leyó la negativa como "un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación". Según el diputado, una definición rápida, aunque fuera adversa, le habría permitido ir antes a instancias superiores, y ya evalúa un per saltum para llegar a la Corte Suprema si no obtiene la cautelar.

El temor de los demandantes es que las escrituras firmadas mientras la derogación está vigente queden consolidadas como derechos adquiridos, aun si después el Congreso voltea el DNU o una ley restablece las restricciones. Con el artículo 154 en pleno efecto, dejó de regir el tope del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio, junto con los límites por nacionalidad, por superficie y la prohibición de comprar campos que contengan o bordeen cuerpos de agua de envergadura.

Del fallo de la Corte a la calle

El escenario se abrió el 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la cautelar que había obtenido el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata al considerar que la entidad carecía de legitimación. Ante el ruido que generó la sentencia, el tribunal difundió luego un comunicado en el que aclaró que "toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide".

El conflicto ya excede los tribunales. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto 1935 e instruyó al Fiscal de Estado para que se oponga a cualquier operación que afecte el patrimonio provincial, al advertir que el fallo dejó a la provincia en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional".

Para este martes, las dos CTA, el CECIM La Plata y organismos de derechos humanos convocaron a una marcha a Tribunales a las 16, y ATE dispuso un paro nacional con retiro de los lugares de trabajo desde el mediodía para sumarse. La CGT no adhiere. "Parece ser que los excombatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice", lanzó Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA Autónoma.

La próxima estación es el Congreso: la oposición busca quórum en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de derogar el DNU 70/2023, aunque todavía no tiene asegurado el número. Hasta entonces, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos advirtió que se abre "una ventana de tiempo" en la que podrían convalidarse compras de tierras por extranjeros.