La Pampa pide cautelar contra el decreto que da a Mendoza el 100% de regalías de Los Nihuiles
Ziliotto presentó una cautelar en el juzgado federal de Santa Rosa para suspender el Decreto 982/2026 que otorga a Mendoza la totalidad de las regalías de Los Nihuiles. Cita el acuerdo de 1992 y fallos de la Corte sobre el Atuel.

La pelea por las regalías de la represa Los Nihuiles, sobre el río Atuel, entró este lunes en una nueva fase judicial. La Pampa presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender de inmediato los artículos del Decreto 982/2026 que asignan a Mendoza el 100% de esos recursos, hasta ahora repartidos en partes iguales entre ambas provincias.
El gobernador Sergio Ziliotto anunció la presentación por redes sociales y confirmó que el escrito ingresó en el juzgado federal de primera instancia de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric. El pedido apunta a frenar los efectos del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.
Ziliotto presentó una cautelar en el juzgado federal de Santa Rosa para suspender el Decreto 982/2026 que otorga a Mendoza la totalidad de las regalías de Los Nihuiles. Cita el acuerdo de 1992 y fallos de la Corte sobre el Atuel.
La norma deroga el esquema del Decreto 1560/73, vigente durante más de cinco décadas, y establece que las regalías hidroeléctricas del complejo que se devenguen desde su entrada en vigencia corresponderán íntegramente a Mendoza. El Ejecutivo nacional sostiene que la fuente de generación está ubicada en territorio mendocino y que, por eso, corresponde aplicar el criterio general de la Ley 15.336 en lugar del régimen especial de 1973.
Desde Santa Rosa la lectura es otra. Ziliotto recordó fallos de la Corte Suprema de 1987, 2017 y 2020 que reconocen el carácter interprovincial del Atuel, y citó el Acuerdo de 1992 firmado por el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por el máximo tribunal. En ese convenio, Mendoza se obligó a pagar regalías a La Pampa según los porcentajes de la ley energética y del decreto derogado. Para el gobierno pampeano, ningún decreto unilateral puede anular un acuerdo entre jurisdicciones.
La cautelar se apoya precisamente en ese punto: el derecho a percibir las regalías no nacería sólo del decreto de 1973, sino también del convenio de 1992. La Agencia Provincial de Noticias de La Pampa subrayó que el Estado Nacional firmó ese acuerdo como parte, no como autoridad jerárquicamente superior a las provincias, y que ninguna de las partes puede modificar por sí sola los compromisos asumidos.
El impacto económico no es simbólico. Sobre la regalía hidroeléctrica del 12% prevista por ley, cada provincia recibía el equivalente al 6%. Estimaciones locales ubican el flujo anual en torno a 2,5 millones de dólares, a repartir en mitades. Mendoza, además, abrió otro frente: tras el decreto, el gobierno de Alfredo Cornejo reclama el pago retroactivo de 53 años de regalías compartidas y habla de una deuda cercana a los 680 millones de dólares más intereses.
En la provincia cuyana la medida se celebró como un acto de justicia histórica. Dirigentes de distintos espacios buscaron capitalizar el logro de la gestión Cornejo, mientras en La Pampa el decreto generó un terremoto político inusual: radicales y macristas locales respaldaron el reclamo del gobernador peronista, aunque también cuestionaron aspectos de la estrategia judicial.
El timing del decreto no es casual. El Gobierno nacional vinculó la definición regulatoria con la licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por los próximos 30 años, convocada mediante el Decreto 667/2026. La Casa Rosada busca llegar a ese proceso con un marco claro sobre quién cobra las regalías.
Mientras el juzgado federal de Santa Rosa decide sobre la suspensión pedida, el conflicto vuelve a su matriz de medio siglo: agua, energía, plata y federalismo. La Pampa insiste en que el Atuel también es pampeano. Mendoza responde que la represa está en su territorio. Y el decreto 982/2026, por ahora, puso a Mendoza del lado ganador de la mesa, hasta que la Justicia diga lo contrario.

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