Ley por Malvinas: el Congreso debate penas por desinformación y FOPEA alerta por la prensa

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso dejó de ser, en pocos días, una bandera de unidad alrededor de Malvinas y pasó a ser un paquete normativo que divide a aliados, incomoda a parte del propio oficialismo y dispara alertas de libertad de expresión. La cadena nacional que Javier Milei dedicó a la causa malvinense había concentrado la atención política; la lectura del articulado, en cambio, muestra un texto que va mucho más allá del primer título sobre hidrocarburos y sanciones a quien opere en aguas argentinas sin autorización.

En el bloque oficialista admiten, según fuentes parlamentarias, que desconocían el volumen de los artículos posteriores al 40. Ahí aparecen figuras de seguridad interior, un Consejo de Seguridad Nacional, reformas al Código Penal y, en el centro de la polémica, un nuevo delito de injerencia extranjera sobre la opinión pública. El excombatiente y diputado Aldo Leiva sintetizó el desfase con una frase que circula en los pasillos: en la redacción no está ni el 30 por ciento de lo que el Presidente dijo en cadena nacional.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional suma penas de hasta 15 años por campañas de desinformación con vínculo extranjero. FOPEA pide separar ese artículo; aliados y oposición marcan distancia con la cadena nacional.

El artículo que prende la alarma

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) concentró la crítica en el artículo 111 del proyecto, que propone incorporar el 225 bis al Código Penal. La figura castiga con prisión de 5 a 12 años —y de 8 a 15 en supuestos agravados— a quien, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

FOPEA reconoce como legítimo el objetivo de blindar elecciones frente a operaciones foráneas, pero sostiene que expresiones como manipular la opinión pública y desinformación carecen de la precisión que exige el derecho penal. En su lectura, ese margen discrecional abre la puerta a castigar el disenso, desalentar la crítica periodística y limitar el trabajo de organizaciones civiles. Por eso pide al Congreso separar ese artículo del resto del proyecto, definir taxativamente las conductas sancionables e incorporar una cláusula expresa que excluya opiniones, informaciones y críticas protegidas por la libertad de expresión.

Aliados fríos, oposición en alerta

El PRO respaldó en redes el espíritu de reglas claras sobre recursos renovables y no renovables, aunque admite que todavía debe debatir el articulado. La UCR y los bloques provincialistas postergaron su postura para la semana próxima. Unión por la Patria ya reunió a su bancada para analizar riesgos de censura previa, persecución del disenso y alteraciones al sistema de seguridad interior bajo la cobertura de una causa nacional.

Diputados del arco dialoguista, como Pablo Juliano y Esteban Paulón, cuestionaron la concentración de poder en un organismo permanente dependiente del Ejecutivo. Agustín Rossi describió la iniciativa como una ley ómnibus que, detrás de la fachada malvinense, mete temas claramente inconvenientes. En paralelo, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que derogar de un plumazo la Ley 26.659 sobre hidrocarburos en la plataforma continental podría limpiar inhabilitaciones vigentes contra empresas que operaron cerca de las islas sin autorización argentina.

Calendario y estrategia

Pese al pedido oficialista de máxima prioridad, la próxima semana el proyecto todavía no tiene tratamiento confirmado en Diputados. Falta definir el plenario de comisiones —se menciona Defensa, Presupuesto, Relaciones Exteriores y Legislación Penal— y el oficialismo confía en Luis Petri y Federico Pelli como referentes de la defensa en la Cámara baja. Petri resumió la línea: la soberanía deja de declamarse y empieza a ejercerse.

El contraste político es evidente. Hace dos semanas Casa Rosada buscaba una causa de unidad nacional; hoy el texto obliga a negociar cambios si quiere números. Queda abierta una lectura más dura: que el rechazo opositor, montado sobre el relato de Malvinas, también pueda servirle al Gobierno como narrativa de confrontación. Mientras tanto, el debate que se viene no es sólo geopolítico ni petrolero: es, de lleno, un debate sobre límites penales a la palabra pública.