Llaryora rechaza los recortes en Discapacidad del Presupuesto 2027: "No vamos a acompañar"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió este domingo a marcar un límite duro contra el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027. En un mensaje publicado en redes, sostuvo que su provincia no acompañará ningún recorte nacional que toque terapias, traslados o pensiones, y pidió a los diputados y senadores cordobeses que bloqueen esas medidas en el Congreso.

La definición llega en plena discusión parlamentaria del proyecto enviado por el Ejecutivo, que ya había generado roce incluso dentro del propio espacio libertario. El texto inicial planteaba reformas de fondo al régimen de prestaciones básicas y a la Ley de Emergencia en Discapacidad: eliminar valores universales del nomenclador, cambiar la lógica de actualización de aranceles y endurecer el acceso a las pensiones no contributivas. Para Llaryora, ese paquete equivale a un retiro del Estado nacional que deja al sistema "a las puertas de un colapso prestacional".

Martín Llaryora rechazó el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027, advirtió por un posible colapso prestacional y pidió a la bancada cordobesa bloquear recortes en terapias, traslados y pensiones.

"En nuestra provincia, la discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad", escribió el mandatario. Insistió en que las prestaciones no pueden depender de la condición social de las familias ni del rincón del país donde nacieron, y cerró con una frase que busca quedar como línea política: los fondos y las políticas de discapacidad "no son negociables". También calificó el avance como un acto vivido por las personas afectadas como "crueldad" y pidió que no se apruebe.

Córdoba sostiene, según el gobernador, una red de casi 350 organizaciones junto a gobiernos locales. El argumento provincial es doble: el esfuerzo local no alcanza si Nación se retira, y las necesidades de las personas "no desaparecen". Detrás de cada política, dijo, hay familias concretas que necesitan acompañamiento para estudiar, trabajar y participar de la vida social. Ese marco convierte el reclamo en una disputa federal sobre quién paga y quién define el piso de derechos.

El proyecto original, según el debate público de estos días, apuntaba a tres frentes sensibles. Primero, el nomenclador: sin valores universales, obras sociales, prepagas y jurisdicciones podrían fijar tarifas distintas, con riesgo de desigualdad territorial. Segundo, la actualización de aranceles: se discutió pasar de un esquema más frecuente a revisiones menos ágiles, con impacto directo en prestadores. Tercero, las pensiones: se habló de volver a un criterio de invalidez laboral, con un haber cercano al 70% de la jubilación mínima, dejando de lado al Certificado Único de Discapacidad como vía directa y abriendo incompatibilidades con el empleo formal o el monotributo.

Esa combinación explica el rechazo cordobés y también las tensiones en Buenos Aires. Fuentes oficiales adelantaron en los últimos días que el capítulo más cuestionado sería reemplazado por un texto consensuado con aliados dialoguistas. La versión en negociación mantendría un nomenclador universal con actualizaciones por IPC —en frecuencia bimestral— y permitiría compatibilizar pensiones con trabajo registrado, aunque el oficialismo buscaría elevar requisitos de acceso. Aun así, Llaryora no esperó el cierre de esa negociación para fijar posición: pidió votos negativos de la bancada provincial ante cualquier recorte.

El timing importa. En Diputados también se discute prorrogar la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Incluir reformas estructurales dentro del Presupuesto interrumpió conversaciones que ya venían entre oficialismo, oposición y bloques aliados. Para Córdoba, segunda provincia electoral del país, el tema se cruza además con la agenda de 2027: Llaryora suele oscilar entre acercamientos a medidas económicas del Gobierno y críticas puntuales, sin alinearse del todo con el peronismo nacional. Esta vez eligió el terreno de los derechos sociales para marcar distancia.

El conflicto queda abierto en dos pistas. Una legislativa: si el oficialismo logra dictamen de mayoría con un texto atenuado o si la oposición fuerza el debate en el recinto. Otra federal: si las provincias que ya financian redes asistenciales aceptan un nuevo piso nacional más restrictivo. Córdoba ya dijo que no negociará fondos ni políticas de discapacidad. El resto del Congreso tendrá que decidir si ese rechazo se traduce en votos o queda en una declaración de domingo.