Londres respalda a las empresas de Malvinas y rechaza las sanciones argentinas

El gobierno del Reino Unido salió este viernes en defensa abierta de las empresas y particulares que mantienen vínculos comerciales con las Islas Malvinas y cuestionó, con dureza, las medidas impulsadas por Argentina contra quienes participan de esos negocios. La postura fue enunciada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, en una declaración difundida por el Foreign, Commonwealth and Development Office.

Kumaran reiteró la línea histórica de Londres: sostuvo que las islas "son británicas" y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales "como mejor les parezca". En ese marco, vinculó la explotación de hidrocarburos y otros recursos con lo que el gobierno británico denomina derecho a la autodeterminación de la población isleña, y adelantó que trabajarán "incansablemente" con la administración local para que esas decisiones se respeten.

La subsecretaria Uma Kumaran calificó de inaceptables y sin justificación legal las medidas argentinas contra compañías y particulares que operan o abastecen al archipiélago, en plena disputa por el yacimiento Sea Lion y la nueva ley de soberanía.

El mensaje no fue abstracto. La funcionaria apuntó a las acciones argentinas de las últimas semanas contra compañías e individuos que suministran bienes y servicios, de forma directa o indirecta, al archipiélago, con especial mención al sector de hidrocarburos. Calificó esas acusaciones de "inaceptables" y afirmó que "carecen de justificación legal". También dijo que el Reino Unido y su red diplomática respaldan "plenamente" a esas empresas y personas, y que cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra quienes hacen negocios con las islas es, para Londres, ilegítimo.

La declaración se encadena con un documento que el Foreign Office había publicado días antes bajo el título de guía para "hacer negocios" con las Malvinas. Ese texto, dirigido a operadores y proveedores, sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación interna no se aplica allí. Además, ofrece respaldo diplomático ante presiones en terceros países y recomienda asesoramiento legal independiente a quien reciba comunicaciones de autoridades argentinas.

En Buenos Aires, la reacción oficial había sido inmediata. Cancillería expresó su "más enérgico rechazo" a la guía británica, convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel —país de origen de Navitas Petroleum, una de las licenciatarias de Sea Lion— y entregó notas de protesta. El gobierno argentino sostiene que el archipiélago está ilegítimamente ocupado y que ninguna guía extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional y del derecho internacional.

El conflicto se concentra, en lo concreto, alrededor del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte. Argentina presentó denuncias penales contra firmas ligadas a esa iniciativa. El miércoles, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el yacimiento, incluyendo perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

En paralelo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto busca reemplazar el régimen de 2011 —pensado sobre todo para hidrocarburos— por un esquema más amplio que alcanza cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en zonas que Argentina considera bajo su soberanía. Contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de beneficios y, en determinados casos, penas de hasta 20 años de prisión. También crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo presidido por el Presidente, con participación permanente de Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica.

Para el gobierno argentino, el objetivo es elevar el costo de operar sin autorización y, a la vez, abrir una vía de desistimiento para quienes abandonen esas actividades y reorienten inversiones hacia el territorio nacional. Para Londres, en cambio, se trata de una presión económica ilegítima sobre un archipiélago cuya economía, según Kumaran, "continúa prosperando" pese a sanciones previas —Rockhopper ya había sido inhabilitada por veinte años en 2013—.

Lo que sigue es doble. En el plano externo, el cruce entre la guía comercial británica, el comunicado de Kumaran y las protestas de Cancillería endurece la disputa diplomática justo cuando el proyecto Sea Lion busca pasar de la decisión de inversión a obras concretas. En el plano interno, el Congreso deberá debatir una ley que mezcla Malvinas, sanciones económicas y nuevas facultades de seguridad nacional. Ese debate fijará el margen real del Estado para actuar contra operadores e inversores de la explotación que considera ilegal.