Malvinas: letra fina con derribos y el Senado acelera una comisión propia

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional dejó de ser solo un anuncio de cadena nacional y pasó a la letra fina que el Congreso deberá votar. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la ley vigente desde 2011 —la 26.659— tiene problemas serios en su aplicación y que el nuevo texto busca corregir incentivos: no expulsar a las compañías del país, sino empujarlas a desistir de operar en las islas y, en paralelo, abrir la puerta a invertir en territorio continental o pagar multa.

Según el relato oficial, el núcleo diferencial es el Régimen de Desistimiento y Regularización. Una empresa notificada podría, en cualquier momento del sumario o incluso después de una sanción, pedir ingreso al régimen. Si se acepta, se suspenderían sumarios y efectos sancionatorios a cambio de un compromiso: abandonar la actividad en el archipiélago y elegir entre radicarse en el continente o abonar una multa. No necesitamos excluir, sino que vengan, sintetizan en la Casa Rosada.

El Ejecutivo detalla el régimen de desistimiento, multas y un protocolo de derribos en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con debate en Diputados el 30/9. En paralelo, el Senado trata el miércoles una comisión unicameral para seguir la cuestión Malvinas.

El procedimiento sancionatorio, según las mismas fuentes, arranca con notificación y plazo de descargo, sigue con producción de prueba y concluye en inhabilitación, multa o ambas. También quedarían alcanzados proveedores estratégicos —no cualquier suministro menor— que sostengan la operación ilegal. La autoridad de aplicación no está fijada en el texto: la designará el Poder Ejecutivo, y a esta hora la hipótesis más fuerte es Cancillería.

El paquete va más allá de hidrocarburos y pesca. Crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y Legal y Técnica. El oficialismo insiste en que no es una nueva estructura administrativa y que la ausencia de Seguridad Interior responde a que el órgano miraría amenazas externas.

Otro capítulo sensible es la protección aeroespacial. El proyecto traza una secuencia de intervención frente a aeronaves o vectores irregulares, con el derribo como último recurso, y aclara que las reglas valdrían para todo el país, no solo el entorno del Atlántico Sur. En la Rosada lo contrastan con el protocolo que en su momento se instrumentó por decreto: ahora, dicen, se busca ley del Congreso y regulación muy precisa.

El calendario parlamentario acelera. En Diputados, el tratamiento en comisiones apuntaría al 30 de septiembre. En el Senado, este miércoles a las 16 un plenario de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores debatirá una comisión especial —finalmente unicameral, para no demorar el circuito con la Cámara baja— que reúna y actualice información, convoque funcionarios, elabore informes y articule diplomacia parlamentaria, con presencia obligatoria de un legislador de Tierra del Fuego.

La oposición no compra el relato de mera actualización técnica. Critica facultades concentradas, el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y, sobre todo, el artículo 111 del capítulo de influencia extranjera: penas de cinco a doce años —y hasta quince en agravantes— para quien, por cuenta o financiamiento externo, altere procesos electorales o manipule la opinión pública con campañas de desinformación. Organizaciones de prensa ya marcaron alarma por el impacto sobre el periodismo.

En síntesis, el oficialismo ofrece un rediseño de incentivos y herramientas coercitivas sobre Malvinas —desistimiento, multas, Consejo y derribos— mientras el Senado se apura a montar un órgano permanente de control legislativo. El 30 de septiembre en Diputados y el plenario del miércoles en la Cámara alta medirán si el reclamo soberano se traduce en consenso o en otra pelea por los límites del poder del Ejecutivo.