Malvinas: el Gobierno manda esta semana al Congreso la ley de Defensa de la Soberanía

El Gobierno enviará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con sanciones más duras a petroleras y pesqueras que operen en aguas de Malvinas y a barcos que naveguen ilegalmente dentro de las 200 millas. La iniciativa la ultimaban el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo, según fuentes del oficialismo.

El texto pretende ingresar en la semana del 14 de septiembre y arrancar el debate en Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre. Busca reforzar la Ley 26.659 de 2011 e incluye un mecanismo de salida: levantaría sanciones a empresas que abandonen negocios petroleros o pesqueros autorizados por los isleños.

El Gobierno enviará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con sanciones más duras a petroleras y pesqueras en aguas de Malvinas. La letra la ultimaban el canciller Quirno y Santiago Caputo.

El anuncio de Milei por cadena nacional ya empujó a tres multinacionales de Vaca Muerta a señalar que no participarían en el proyecto Sea Lion, y derrumbó el valor de Navitas (Israel) y Rockhopper (Reino Unido). En ámbitos diplomáticos se estima un posible roce con España: varias firmas españolas sostienen licencias de pesca de las islas, un negocio estimado en unos 2.000 millones de dólares al año.

El proyecto contempla juicio en ausencia para ciertas imputaciones por violaciones a la soberanía; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, estudia la herramienta. También creará un Consejo de Seguridad Nacional con Defensa, Cancillería, Seguridad y SIDE, con foco en Malvinas, Atlántico Sur, Antártida e infraestructura crítica. El ministro Carlos Presti aportó los capítulos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en ese consejo. Quirno, además, presentó denuncia penal ante el juez Ercolini contra empresas de Sea Lion, entre ellas Navitas y Rockhopper.

Tras el discurso, el Ejecutivo reasignó unos 120.000 millones de pesos a la CONAE por dos decretos de necesidad y urgencia para reforzar capacidades satelitales y de vigilancia marítima. La apuesta legislativa busca pasar de la declaración política a un régimen sancionatorio con efectos concretos sobre el negocio offshore y pesquero en el Atlántico Sur.

En el Congreso, el oficialismo necesita ordenar la prioridad del expediente frente a Presupuesto y reforma electoral. La estrategia es presentar el proyecto como complemento del reclamo soberano y no como un gesto aislado. El mecanismo de salida apunta a separar a las empresas que se retiren de aquellas que persistan bajo licencias isleñas. Si el debate avanza, Diputados será el primer termómetro de si hay mayoría para endurecer sanciones y crear el Consejo de Seguridad Nacional.

La combinación de ley, denuncia penal y refuerzo satelital dibuja una ofensiva en tres frentes: legislativo, judicial y de inteligencia geoespacial. Queda por verse si el texto llega con el detalle suficiente sobre umbrales de sanción, alcance territorial y procedimiento del juicio en ausencia. Hasta entonces, el mensaje político ya movió precios y decisiones empresarias en el Atlántico Sur.