Malvinas: prorrogan por cinco años las licencias petroleras con respaldo británico

La administración británica de las Islas Malvinas anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para la exploración y producción de hidrocarburos costa afuera. La decisión, respaldada de manera explícita por Londres, llega en plena ofensiva diplomática y judicial de Buenos Aires contra esas operaciones y a horas de que el presidente Javier Milei lleve el reclamo soberano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El comunicado oficial indica que los permisos, hoy en fase exploratoria, se extenderán por un período inicial de cinco años, con la posibilidad de sumar dos años adicionales si las empresas avanzan en sus programas de trabajo. La medida busca, según la autoridad isleña, dar certeza a los operadores para seguir invirtiendo en los bloques asignados.

La administración británica de Malvinas prorrogó por cinco años —con opción a dos más— todas las licencias petroleras offshore, con respaldo del Reino Unido, en plena ofensiva argentina y a horas del discurso de Milei en la ONU.

Un anuncio con sello político

La prórroga no es un trámite técnico aislado. Se produce después de que la Casa Rosada endureciera denuncias penales y procedimientos administrativos contra compañías y ejecutivos vinculados a la actividad en la plataforma continental argentina, y luego de enviar al Congreso un proyecto destinado a tipificar como ilegales los permisos otorgados por la administración colonial.

En las islas, la legisladora Cheryl Roberts —responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales— sostuvo que las extensiones permiten a los operadores continuar el desarrollo de recursos que la administración local considera propios, bajo estándares ambientales y de seguridad. El lenguaje del comunicado refuerza una lectura de hechos consumados: se habla de desarrollo responsable y de beneficios a largo plazo para los habitantes del archipiélago, sin reconocer el reclamo argentino.

Sea Lion y el bloque PL001

El epicentro económico de la disputa sigue siendo Sea Lion, el proyecto de la cuenca norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Allí operan Navitas Petroleum (con mayoría accionaria) y Rockhopper Exploration. Ambas proyectan iniciar producción hacia 2028, con estimaciones de alrededor de 50.000 barriles diarios y potenciales regalías multimillonarias.

En paralelo, la administración isleña aprobó que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera el 65% del área PL001, un bloque vecino. Según el propio anuncio, la operación apunta a acelerar la evaluación y el desarrollo de ese prospecto. También mantienen licencias exploratorias Borders & Southern, Desire Petroleum y la canadiense JHI.

La semana pasada, la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordena a Rockhopper y Navitas abstenerse de avanzar con Sea Lion, en una acción preventiva por daño ambiental y soberano. El alcance práctico de esa resolución fuera del territorio bajo control argentino es, sin embargo, limitado: su eficacia depende de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas.

Timing con la ONU

El calendario no es inocente. Milei llega a Nueva York con Malvinas en el centro de su discurso ante la ONU y con una agenda que incluye el Escudo de las Américas y una bilateral con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Buenos Aires espera reafirmar la vía diplomática y denunciar la explotación unilateral de recursos. Londres, en tanto, sostiene que sus títulos son irrevocables y descarta negociar soberanía.

La prórroga de licencias funciona, en ese escenario, como un gesto de consolidación: blindar contratos antes de que la presión argentina —judicial, legislativa y discursiva— gane escala internacional. Para el oficialismo, es un nuevo desafío a la estrategia de sanciones y a la narrativa de defender la soberanía con hechos. Para Londres y la administración isleña, es la continuidad de un status quo que consideran consolidado desde 1833.

Qué mira el Congreso

En Diputados y el Senado, el oficialismo empuja la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pensada para endurecer penas y herramientas contra quienes operen sin permiso argentino. La oposición coincide en el reclamo histórico, pero discute el alcance de tipificaciones y el riesgo de chocar con estándares de libertad de expresión o de inversión. El anuncio de las islas alimentará ese debate: cuanto más avancen Sea Lion y PL001, mayor será la presión para mostrar resultados concretos más allá de los discursos.

La foto de esta semana es clara. Mientras el Presidente prepara su atril en Nueva York, en el Atlántico Sur se renuevan papeles que habilitan más exploración. La pelea por Malvinas vuelve a mezclar diplomacia, energía y derecho: cinco años de prórroga no cierran el conflicto, pero sí marcan el terreno sobre el que se jugará la próxima etapa.