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Malvinas

Malvinas: vence el ultimátum a Londres y el Gobierno pedirá al Tribunal del Mar que frene el petróleo de Sea Lion

El lunes vence el plazo de dos semanas que Milei le dio al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion y la Cancillería prepara el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. No se discutirá la soberanía, sino si Londres puede explotar por su cuenta el petróleo de una zona en disputa.

“Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido” (Clarín / Foto EFE / Juan Ignacio Roncoroni)

El Gobierno se prepara para dar el paso que venía anunciando desde fines de septiembre: la semana próxima pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para que el Reino Unido frene las actividades petroleras en aguas de Malvinas. El lunes 12 de octubre vence el plazo de dos semanas que la Casa Rosada le dio a Londres para detener el proyecto Sea Lion, y tanto en Buenos Aires como en la capital británica dan por hecho que el ultimátum pasará sin respuesta.

El objetivo es concreto: que el tribunal ordene el cese de las tareas hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte mientras se arma el arbitraje de fondo. Si la decisión saliera a favor de la Argentina, su cumplimiento sería obligatorio.

El lunes vence el plazo de dos semanas que Milei le dio al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion y la Cancillería prepara el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. No se discutirá la soberanía, sino si Londres puede explotar por su cuenta el petróleo de una zona en disputa.

Del ultimátum al estrado

La secuencia empezó el 28 de septiembre, cuando la Oficina del Presidente anunció que Javier Milei había instruido a la Cancillería a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En el mismo comunicado, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido a adoptar en dos semanas "las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación" de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, y avisó que, de lo contrario, iría a Hamburgo.

La mecánica es de manual. Como la Argentina eligió al Tribunal del Mar para resolver controversias y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia, la falta de coincidencia activa un tribunal arbitral ad hoc de cinco miembros. Integrarlo lleva tiempo. Para ese mientras tanto, el artículo 290 de la Convención habilita al tribunal permanente a dictar medidas urgentes que preserven los derechos de las partes, siempre que encuentre jurisdicción en principio y una urgencia que no pueda esperar.

"Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal", había dicho el canciller Pablo Quirno.

Qué puede decidir Hamburgo

Conviene marcar el límite: el tribunal no va a pronunciarse sobre la soberanía de las islas, que la Argentina reclama desde 1833, ni la va a discutir. Su competencia se ciñe al derecho del mar. Lo que sí deberá evaluar es si una de las partes de una disputa puede explotar por su cuenta recursos no renovables en una zona en litigio. Y el crudo de Sea Lion está en la plataforma continental, un espacio regido por la Convemar.

El cuerpo tiene 21 jueces. Uno es argentino; el Reino Unido no tiene ninguno, por lo que podrá designar uno para el caso. El antecedente que se repite en el Palacio San Martín es el de la Fragata Libertad: en 2012, una orden del mismo tribunal permitió liberar al buque escuela, retenido en Ghana a pedido de los fondos buitre.

La estrategia la llevan la Consejería Legal de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzabal, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

Presión sobre las petroleras

La ofensiva no es solo jurídica. Dos compañías, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper, anunciaron que empezarán a extraer petróleo en 2028. En los últimos dos meses sus acciones se desplomaron y ambas, igual que la Asamblea Legislativa de las islas, pidieron respaldo al Foreign Office. A eso se sumó Halliburton, que avisó que no prestará servicios en Malvinas ante la amenaza de sanciones argentinas.

En paralelo, la Justicia federal de Río Grande dictó una cautelar para que las empresas involucradas se abstengan de avanzar con las obras de Sea Lion, y la Casa Rosada ordenó sanciones y denuncias penales contra Thales UK por vuelos entre Punta Arenas y las islas sin autorización argentina.

El clima diplomático quedó a la vista el lunes en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Mientras Quirno enumeraba a los proveedores que se retiran de Malvinas y el derrumbe bursátil de las petroleras, el embajador británico, David Cairns, se fue antes de que terminara la velada. El lunes que viene, el reloj de Hamburgo empieza a correr.

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