Máximo Kirchner propone un impuesto del 3% a la salida de capitales

El diputado Máximo Kirchner presentó en la Cámara baja un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un gravamen orientado a las operaciones que impliquen la salida efectiva de fondos del país. La iniciativa fija una alícuota general del 3% y suma un 2% adicional cuando el destino final sean jurisdicciones de baja o nula tributación, o países considerados no cooperantes.

Según el texto, el impuesto alcanzaría el envío al exterior de divisas, valores negociables y activos virtuales, realizados de manera directa o indirecta. Entre los sujetos incluidos figuran personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras análogas, tanto residentes como no residentes en los casos previstos.

El diputado presentó el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, con alícuota del 3% y un adicional del 2% para paraísos fiscales. Estima recaudar $2,89 billones, con el 60% para provincias y municipios.

El kirchnerismo estima una recaudación mínima de 2,89 billones de pesos. Ese monto, según el comunicado del diputado, equivaldría a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital. El 60% de la recaudación se destinaría a provincias y municipios —con destino a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y habitacional, y hasta un 20% de lo recibido por cada jurisdicción para recomposición salarial en salud y educación—. Las provincias adheridas deberían girar a sus municipios al menos el 30% de esos recursos.

El 40% restante se repartiría en partes iguales: 10% para hospitales nacionales y políticas de discapacidad; 10% para universidades nacionales; 10% para ANSES, con destino a jubilaciones o bonos; y 10% para medicamentos y atención médica de PAMI.

La propuesta no grava la tenencia de dólares que permanezcan en el país, ni el consumo, el ahorro interno o la inversión productiva. Quedan exceptuadas, entre otras, las importaciones documentadas y trazables, ciertas compras minoristas en el exterior y la adquisición de bonos, Cedears o fondos cuyos activos continúen radicados en la Argentina. También se contemplan exenciones para prestaciones de salud y educación, investigación, y financiamientos externos destinados a infraestructura, bienes de capital o innovación tecnológica.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de la Nación a provincias y municipios cayeron 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —obra pública, programas y asistencia territorial— se desplomaron 72,8%. Para el primer semestre de 2026 calcula retrocesos adicionales. La iniciativa se emparenta políticamente con el Aporte Solidario y Extraordinario aprobado durante el gobierno anterior, aunque esta vez no grava el patrimonio sino determinadas salidas de capital.

El contraste con el programa oficialista es explícito. Mientras el Ejecutivo impulsó el RIGI y anunció un esquema aún más agresivo de incentivos fiscales para grandes inversiones, y redujo progresivamente Bienes Personales —con alícuota máxima de 0,75% en 2026 y 0,25% en 2027—, el kirchnerismo busca convertir la discusión impositiva en un eje de diferenciación. Máximo Kirchner ya había anticipado la idea de un "tax exit" para penalizar salidas especulativas y admitió que necesitará construir mayorías en un Congreso fragmentado.

El anuncio coincide con la gira del gobernador bonaerense Axel Kicillof por Estados Unidos, en plena interna dentro del peronismo. Más allá de esa disputa, el proyecto deberá atravesar comisiones y el recinto: su viabilidad política depende, en buena medida, de si los diputados vinculados a gobernadores acompañan una herramienta que promete recursos frescos para las provincias, en medio del ajuste fiscal nacional.

En el plano técnico, el impuesto se cobraría en el momento de la operación. Actuarían como agentes de percepción bancos, agentes de liquidación y compensación, proveedores de servicios de activos virtuales e intermediarios financieros. ARCA tendría a cargo la aplicación y fiscalización, con intervención de la CNV, el BCRA y la UIF. El alcance incluye operaciones por mercado de cambios, Contado con Liquidación y transferencias de criptoactivos cuando impliquen disponibilidad final en el exterior.

Queda abierta la pregunta central: si el Congreso, hoy dividido y con el oficialismo sin mayorías propias, encontrará votos para gravar la fuga de capitales o si la iniciativa quedará como bandera opositora frente a un modelo que prioriza desgravar e incentivar la inversión.