La oposición denuncia un “caballo de Troya” en la ley de soberanía por Malvinas

La Cámara de Diputados pondrá en marcha el miércoles 30 de septiembre el primer plenario de comisiones sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo controla las tres mesas que tratarán el expediente —Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores— y aspira a firmar dictamen el 6 de octubre para llevarlo al recinto al día siguiente, en la misma sesión en la que también podrían votarse discapacidad y endeudamiento.

El proyecto, enviado el 17 de septiembre tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, reúne 133 artículos. Una parte endurece las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. Otra, mucho más extensa, crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, redefine facultades de defensa e inteligencia y suma figuras penales nuevas. Esa combinación es la que la oposición describe como un “caballo de Troya”.

Diputados abre el miércoles el plenario de comisiones sobre la Ley de Defensa de la Soberanía. La oposición advierte que el texto de 133 artículos mezcla sanciones por Malvinas con un Consejo de Seguridad Nacional y nuevas figuras penales.

Sanciones por recursos y registro de infractores

El texto propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrada en hidrocarburos. El nuevo régimen alcanzaría cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables. Contempla penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones para operar en el país, un registro público de infractores con prohibición de contratar con el Estado y la posibilidad de juicios en ausencia.

También habilita un mecanismo de regularización para quienes desistan de actividades prohibidas, mediante pago o reconversión de inversiones. La autoridad de aplicación quedaría en manos del Poder Ejecutivo.

El Consejo y las facultades de emergencia

El Consejo de Seguridad Nacional estaría integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Tendría a cargo la coordinación diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de la protección de infraestructuras críticas.

Ante una amenaza grave e inminente, el esquema prevé restricciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y límites a importaciones y exportaciones. Como último recurso, tras un protocolo específico, habilita el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

Otro tramo incorpora el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) con rango de ley, y crea delitos por revelar secretos a Estados extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas de inteligencia o manipular la opinión pública con financiamiento foráneo. El artículo 111, en particular, fija penas de 5 a 12 años por interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación.

La resistencia opositora

Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi sostuvo que “Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”. Santiago Cafiero cuestionó que se mezclen sanciones por actividades en las islas con una reforma del sistema de Defensa y Seguridad. Eduardo Valdés fue más duro: dijo que el proyecto “está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas”.

El diputado Juan Marino organizó una audiencia informativa titulada “¿Soberanía o patio trasero?” y denunció una “extorsión política” para que votar en contra parezca votar contra las islas. También alertó por la inscripción en el RePET “por motivos razonables para sospechar” y por la coordinación con Estados extranjeros sobre territorio propio.

Fuera del peronismo, el radical Pablo Juliano apuntó al artículo 111 y advirtió que el mismo presidente que acusó a parte de la prensa de campañas foráneas busca “una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera”. Desde el MID se reclamó que los procedimientos operativos no desplacen las atribuciones del Congreso.

El PRO, en cambio, se alineó con el Ejecutivo. Cristian Ritondo confirmó el acompañamiento y enmarcó la iniciativa como una causa nacional, no partidaria.

Cronograma y presión política

El plenario del 30, a las 12, podría incluir funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia. El oficialismo quiere el dictamen listo antes de que el Presupuesto 2027 monopolice la agenda de octubre. La oposición, sin números para frenar el arranque en comisiones, concentrará el fuego en separar el reclamo soberano del paquete de seguridad nacional. El miércoles arranca, entonces, un debate que promete ser tan jurídico como simbólico.