La oposición marca el 15 para intentar voltear el DNU 70 en Diputados

El tablero legislativo se reacomodó en menos de una semana. Después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, por vía procesal, el freno judicial al artículo 154 del DNU 70/2023 —el que había eliminado los topes a la compra de tierras rurales por extranjeros—, la oposición de Diputados corrió el reloj: pidió sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14 con tres ejes: derogar el megadecreto completo, tratar la emergencia en discapacidad y avanzar con dictámenes sobre endeudamiento familiar.

La jugada es más que un gesto simbólico. El Senado ya había rechazado el DNU 70 en marzo de 2024. Un rechazo en la Cámara baja lo sepultaría de modo definitivo. El texto, firmado al arranque de la gestión libertaria, desreguló alquileres, prepagas, góndolas, abastecimiento, compre nacional, cielos abiertos y el marco de privatizaciones, además de disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Si cae, esas normas recuperan vigencia automática.

Tras el fallo de la Corte sobre tierras rurales, bloques opositores pidieron sesión especial el 15 de octubre para derogar el megadecreto. Necesitan 129 presentes y todavía les faltan voluntades; el oficialismo ofrece un capítulo de tierras por ley y mira al 21.

Los números, sin embargo, todavía no cierran. Para abrir el recinto hacen falta 129 presentes. Las firmas reunidas por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques oscilan, según el conteo, entre 115 y 122. Faltan entre siete y catorce voluntades. En esa franja aparecen 17 diputados referenciados en gobernadores —varios de ellos recién vueltos de la Argentina Week en París— y un puñado de bloques intermedios que aún no se definen.

Germán Martínez encabezó el pedido. Lo acompañaron, entre otros, Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Natalia de la Sota y Mónica Frade. Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, sumaron además una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 mientras el Congreso se pronuncia: buscan evitar que se consoliden compras de tierras ribereñas o estratégicas como derechos adquiridos. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar su propia cautelar y anticipó que sus cuatro diputados darán quórum el 15 y votarán contra el decreto.

En la Casa Rosada leen la convocatoria como una amenaza al pilar jurídico del modelo, pero confían en que el quórum no se complete. La respuesta en danza —que debe pasar por la mesa política— es ofrecer a los dialoguistas un capítulo específico sobre tierras rurales o propiedad privada dentro de otra ley, sin tumbar el DNU entero. Fuentes del PRO y del MID describen el rechazo total del articulado como un despropósito y advierten por señales de ingobernabilidad. Martín Menem, por su parte, proyecta una sesión oficialista para el 21 de octubre con agenda propia sobre discapacidad y morosidad, dos temas que la oposición también metió en el temario del 15 para atraer adhesiones.

El oficialismo ya marcó el terreno: en discapacidad negoció un dictamen sin emergencia plena pero con garantías prestacionales; en endeudamiento privilegió educación financiera sobre quitas y planes de pago. La oposición, en cambio, empuja prórroga de la emergencia y alivio concreto a morosos. Esa doble oferta compite ahora por los mismos legisladores indecisos.

El calendario de octubre complica la pulseada. El 8 hay marcha en defensa de la industria; el 15 coincide con la Marcha Federal Universitaria y con la propia sesión especial; el 17 es Día de la Lealtad. En paralelo, el Gobierno acelera acuerdos bilaterales con gobernadores por el Presupuesto 2027 y la reforma política. La paradoja es evidente: algunos mandatarios que posaron con el Presidente en Francia tienen diputados cuya firma o quórum puede definir si el megadecreto sobrevive.

Victoria Tolosa Paz sintetizó el argumento opositor: la prioridad es derogar el DNU 70 porque la tierra como capital de trabajo está en peligro. Del otro lado, el Ejecutivo insiste en que un fallo procesal no puede tumbar 366 artículos y ofrece una salida legislativa acotada. Entre el 15 y el 21 de octubre se medirá, en el recinto, quién tiene realmente los números —y quién solo las fotos.