La oposición convoca a Diputados el 15 de octubre para derogar el DNU 70

La oposición en la Cámara de Diputados pasó de las amenazas a la convocatoria formal. Este jueves presentó un pedido de sesión especial para el 15 de octubre, a las 14, con un temario pensado para incomodar al oficialismo: derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar los dictámenes sobre endeudamiento familiar.

El disparador inmediato fue el fallo de la Corte Suprema que, por un argumento procesal, dejó sin efecto la cautelar que había frenado la derogación de la ley de tierras rurales. Ese artículo del mega decreto liberalizó la venta de campos a extranjeros al eliminar los topes del 15% del territorio y el límite de mil hectáreas en zona núcleo. La reacción legislativa no se hizo esperar.

Bloques opositores pidieron sesión especial el 15 de octubre para rechazar el mega DNU, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar endeudamiento familiar, tras el fallo de la Corte sobre tierras.

La convocatoria lleva la firma de Unión por la Patria —con Germán Martínez a la cabeza—, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques como el de Natalia de la Sota. Faltan cerca de veinte voluntades, en buena medida de bancadas alineadas con gobernadores que hoy están en París con el Presidente. Para habilitar la sesión hacen falta 129 diputados; para tumbar el DNU, mayoría simple una vez abierto el recinto.

El decreto ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Nunca consiguió el golpe de gracia en Diputados porque la oposición no había logrado juntar el quórum. Ahora apuestan a que el cimbronazo por las tierras y la marcha federal universitaria prevista para el mismo 15 de octubre ayuden a llenar las bancas.

En paralelo, los senadores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto que deroga solo el artículo 154 del DNU y restituye la ley 26.737. Argumentan que el suelo no es una mercancía más y que el fallo de la Corte, al rechazar la legitimación de una asociación de excombatientes de Malvinas, dejó un vacío de tutela judicial. En Diputados, en cambio, la apuesta mayoritaria es ir por el decreto completo.

Esa es la línea que más preocupa a la Casa Rosada. El DNU 70 tocó alquileres, prepagas, góndolas, abastecimiento, transporte aéreo y el mercado laboral. El oficialismo advierte que una derogación total abriría un caos administrativo y judicial sobre normas ya aplicadas. Por eso estudia salidas intermedias: reintroducir una regulación de tierras en la ley de propiedad privada —con media sanción del Senado— o en la de Defensa de la Soberanía Nacional que empezó a tratarse en comisión. La sugerencia pública de Miguel Pichetto fue exactamente esa: si se habla de soberanía, que se restablezcan los límites a la compra extranjera sin tumbar todo el decreto.

El temario de la sesión especial no es solo tierras. La oposición metió la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar para sumar masa crítica. En discapacidad, el oficialismo ya negoció un dictamen propio con aliados —UCR, PRO, MID y otros— que reordena prestaciones y pensiones dentro del Presupuesto 2027, después de la polémica por el ajuste incluido en el primer envío. Ese texto tendría cerca de 127 votos; la oposición dura insiste en prorrogar por un año la emergencia vigente y denuncia ambigüedades en el acceso a Incluir Salud.

En endeudamiento, el oficialismo se quedó con el dictamen de mayoría: educación financiera, más información al consumidor y prevención, sin topes de tasas ni costo fiscal. El peronismo y aliados proponen emergencia por 180 días y refinanciación con cuotas de hasta el 30% de los ingresos. Otro dictamen de Argentina Federal (Misiones y Salta) fija límites de intereses y un programa de desendeudamiento. Ese bloque no firmó la convocatoria y cuestionó que se use la causa de las personas con discapacidad para asegurar el quórum; podría dividirse según intereses provinciales.

La Corte, por su parte, difundió un comunicado para aclarar que su sentencia se limitó a la legitimación procesal y que no resolvió la constitucionalidad de la ley de tierras. Remarcó que el Congreso puede seguir tratando el DNU y que la crítica es legítima, pero que la descalificación y el odio deterioran las instituciones. El máximo tribunal se reservó expedirse sobre el fondo cuando llegue un caso con legitimación adecuada.

Queda una corrida de dos semanas. El Gobierno, con la plana mayor en Francia, necesita que los gobernadores frenen el embate o, al menos, acepten una regulación acotada de tierras que saque el DNU del centro del ring. La oposición necesita esos veinte votos que hoy no tiene. El 15 de octubre se verá si el temario alcanza para abrir el recinto o si la convocatoria queda en un ensayo de fuerza fallido.