Arranca el paro universitario de 72 horas: salarios, cautelar y marcha el 15

Los docentes de las universidades públicas nacionales arrancaron este miércoles un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes. El reclamo central es la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial muy por encima del 3% que el Gobierno decidió aplicar de manera unilateral tras el fracaso de la última paritaria.

La medida de fuerza la impulsan en conjunto Conadu y Conadu Histórica. Ambas federaciones coinciden en que el Ejecutivo no cumplió con la actualización que, según su lectura, ordenan la ley y la medida cautelar vigente. Conadu Histórica fija el piso en un 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, más los ajustes posteriores por inflación. En negociaciones anteriores los gremios habían estimado que todavía faltaba alrededor de un 23% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

Conadu y Conadu Histórica inician un paro nacional de 72 horas por la Ley de Financiamiento Universitario y el 33,4% cautelar; el plazo judicial vence hoy.

El inicio del paro coincide con el vencimiento del plazo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, intimó el 21 de septiembre al Gobierno a aplicar en cinco días los artículos de la ley vinculados a salarios y becas. Ese reloj marca hoy. Según trascendió, el Ejecutivo presentó una apelación el viernes pasado: si prosperara, podría dejar sin efecto la intimación. Hasta ahora, sostienen los sindicatos, no hubo respuesta que cumpla la cautelar.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, había advertido antes de confirmarse la apelación que ningún funcionario se había comunicado con el sindicato y que no había expectativas de un acatamiento integral. “Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago”, planteó, y subrayó que, para la interpretación gremial, no hay margen jurídico para esquivar la orden.

El conflicto no es nuevo. La Ley de Financiamiento Universitario se sancionó el 2 de octubre de 2025. Los sindicatos marcan más de 330 días sin que el Poder Ejecutivo ponga en vigencia las disposiciones reclamadas. La cautelar original data de diciembre de 2025, a partir de un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas casas de estudio contra el decreto que subordinaba la aplicación de la norma a fuentes específicas de financiamiento. La Cámara confirmó esa medida y advirtió que el incumplimiento podía deteriorar el derecho de enseñar y aprender.

En la UBA el paro nacional se superpone con un plan de lucha escalonado de docentes y no docentes que empezó el 21 de septiembre y seguirá en octubre. ADUBA y APUBA anunciaron 23 jornadas rotativas. Este miércoles toca Ciencias Económicas; el jueves, Derecho; el viernes, Odontología. La semana siguiente siguen el Colegio Nacional de Buenos Aires, DOSUBA, Psicología, Ciencias Sociales y la Escuela Carlos Pellegrini, y después Filosofía y Letras, Veterinarias, el CBC, Agronomía, institutos Lanari-Vaccarezza y Roffo, y el Hospital de Clínicas. En Económicas, además del cese, la facultad abrirá de 9 a 19 con asesoramiento a emprendedores, orientación fiscal y actividades culturales.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, enmarcó el paro en el camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales. “Lo colectivo está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer lo colectivo”, dijo tras el plenario que ratificó la medida conjunta. La convocatoria reúne a las federaciones docentes, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el CIN.

El Gobierno sostiene que con el 3% avanza en el cumplimiento cautelar y prioriza el orden fiscal. Los gremios responden que ese porcentaje no cierra la distancia con la inflación acumulada ni con lo que ordenó la Justicia. Mientras tanto, las aulas de todo el país sienten el primer día de un paro que ya mira octubre: sin acatamiento judicial, la pelea salarial y presupuestaria se muda otra vez a la calle.