El Presupuesto 2026 se gasta a ritmo récord y obliga a ampliar créditos antes de diciembre

El Presupuesto 2026 se está consumiendo más rápido de lo que el Gobierno imaginó cuando armó las cuentas. Al 31 de agosto, la Administración Pública Nacional ya había ejecutado el 67,4% de los créditos, 12,3 puntos por encima del mismo tramo del año pasado y el mayor ritmo de gasto acumulado desde 2016.

La distorsión arranca en las proyecciones iniciales. El Ejecutivo había calculado una inflación del orden del 10% para todo el año y un crecimiento del PBI del 5,4%. La inflación camina cerca del 30% y los analistas privados recortan la expansión a alrededor del 2,1%. Esa brecha subestimó partidas indexadas y sobreestimó ingresos, justo cuando el discurso oficial insiste en el ajuste.

La ejecución del Presupuesto 2026 llegó al 67,4% al 31 de agosto, el nivel más alto desde 2016. El desvío nace de proyecciones de inflación y crecimiento que no se cumplieron; ASAP pide ampliar créditos por ley o DNU antes del envío del Presupuesto 2027.

La Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) advierte que el nivel de ejecución "pone en evidencia que será necesario incrementar el monto total del Presupuesto, ya sea mediante una nueva ley o mediante un DNU". La misma entidad había alertado en febrero que los créditos se iban a "quedar cortos". Como la insuficiencia no es sorpresa, ASAP cuestiona la vía del decreto de necesidad y urgencia: no respondería a un hecho imprevisible, sino a un desvío ya diagnosticado.

El martes 15 de septiembre el Ejecutivo debe enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Serán clave la inflación proyectada para el año electoral, el tipo de cambio implícito y qué sectores reciben alivio. Ese texto llega con el arrastre de un ejercicio 2026 que obliga a "recargar" créditos antes de fin de año para que no se agoten las partidas.

Aunque el relato celebra el recorte, el gasto efectivo crece respecto del año anterior por el peso de las partidas que se actualizan con inflación. Recortar lo no indexado no alcanza para compensar. Economistas del mercado anticipan que, sin ampliación, el Gobierno enfrentará un cuello de botella administrativo a partir de octubre o noviembre.

En paralelo se discute el cumplimiento de la meta de superávit primario acordada con el Fondo Monetario Internacional. La meta indicativa es del 1,4% del PBI; en números, unos $16,2 billones. Hasta julio el acumulado rondaba los $10 billones. Como diciembre suele ser deficitario por aguinaldos, entre agosto y noviembre haría falta un superávit mensual promedio cercano a $1,5 billones. Con la recaudación floja, varias consultoras elevan ese listón a cerca de $1,75 billones por mes.

Otro factor técnico complica la lectura del resultado. Desde que el Tesoro asumió la deuda en pesos que antes estaba en el Banco Central, el Gobierno usa letras y bonos capitalizables cuyos intereses no se registran como gasto financiero mientras el título está vivo: se capitalizan y se rollan al vencimiento. ASAP señala que, si esos instrumentos contabilizaran intereses de forma convencional, el equilibrio financiero dejaría de serlo y pasaría a déficit.

La Casa Rosada maneja un plan B de tono "shutdown" criollo: si se agotan los fondos sin ampliación, cerrar tramos de la administración. Sería el correlato local de la lógica estadounidense cuando el Congreso no vota el presupuesto. En la práctica, el debate político se concentra en si la ampliación llega por ley o por DNU, y en cómo se presenta esa decisión ante un Congreso que ya mostró fisuras con el oficialismo.

El Presupuesto 2027 será, entonces, más que un documento contable. Será la fotografía de cómo el Gobierno corrige las proyecciones fallidas de 2026, qué inflación reconoce de antemano y cuánto margen fiscal dice tener para un año electoral. Mientras tanto, el dato duro de agosto deja poco margen: el gasto corre más rápido que el guion original y la ampliación de créditos dejó de ser hipótesis para convertirse en necesidad operativa.